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Se requiere más esfuerzo, tiempo y delicadeza para aprender el silencio de un pueblo que para aprender sus sonidos.
IVÁN ILLICH

En condiciones de paz, el guerrero se ataca a sí mismo.
FRIEDRICH NIETZSCHE

Todavía es 7 de septiembre de 1986.

Todavía las balas cruzan silbando por la Cuesta Achupallas. Todavía los escoltas que acompañan a la caravana saltan al vacío, en un desesperado —y algo patético— intento por salvar sus vidas ante la evidente superioridad de los atacantes. Todavía percutan sus ametralladoras los militantes que, cruzados por ideales e historias de horror y despojo, no habían dudado en sacrificarse a sí mismos para incrementar, aunque fuese levemente, la posibilidad de ajusticiar al responsable directo de la cacería humana más macabra que recuerde la historia reciente del país. Todavía yace en el suelo, sin explotar, el cohete Law disparado al Mercedes Benz blindado que transporta al general Augusto Pinochet, dictador hace trece años, y a su nieto. Todavía se percibe el grito visceral de uno de los frentistas, recriminando a los escoltas, tumbados o escondidos, su manifiesta cobardía en la defensa del tirano.

El atentado reverbera. Todavía nos interpela en la potencial envergadura de su inflexión histórica. Todavía nos asombra, nos encandila, nos incomoda. Todavía nos duele.

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La violencia ha formado parte consustancial de la política desde los albores de la humanidad. La puja por detentar posiciones de poder, y con ello establecer las líneas generales en la administración de los asuntos públicos dentro de cualquier comunidad política —orgánica, imaginada o impuesta por la fuerza—, se ha llevado a cabo, durante la mayor parte de nuestra historia, por medios que hoy consideraríamos inaceptablemente violentos. En tiempos antiguos, los aristócratas pugnaban por acceder a posiciones de poder y prestigio a través de la guerra, la movilización agonística de la plebe y la reafirmación de sus atributos carismáticos. La emergencia del Estado moderno como forma de organización y coordinación del poder político aspiraba, en la célebre formulación de Hobbes, a terminar con la “guerra de todos contra todos” y forjar mecanismos institucionales que permitieran sostener la heterogeneidad inasible del género humano, resolviendo los conflictos que de ella se derivaran sin llegar al enfrentamiento físico. Era, como advirtió Foucault, un ejercicio de canalización, reconfiguración y disciplinamiento de la violencia, no su eliminación en sentido estricto.

Después de todo, lo que define al Estado moderno es precisamente su ostentación del monopolio de la violencia física legítima. David Graeber, siguiendo a Weber, recordaba con razón que la estupidez del mundo, sus injusticias y desigualdades, continúa estando fundamentada en algún tipo de violencia estructural. Violencia, por cierto, nada metafórica ni conceptual. La distribución vigente de recursos en cualquier sociedad moderna se sostiene, más allá de su justicia y en último término, literalmente en la amenaza de palos, esposas y cárcel por parte del Estado. Lo cierto es que, desde su origen, el Estado ha empleado continuamente la violencia o la amenaza de su utilización tanto para reprimir a sus adversarios internos —desde vándalos y delincuentes hasta movimientos populares de masas basados en la alegalidad— como a sus adversarios externos —el famoso aforismo de Clausewitz según el cual la guerra es la continuación de la política por otros medios—, una definición extensible también a todas aquellas personas que forman parte de su aparato, el cual haríamos mal en abstraer, reificar o mitificar sin más. La violencia, podría decir Hannah Arendt, es la expresión de nuestra incapacidad para ejercer adecuadamente el poder, y un recordatorio de nuestra naturaleza caída.

Soy de los que creen, como mi gran amigo y maestro Eduardo Galaz, que es extraordinariamente inconveniente extender el término a cuestiones que no involucran daño físico directo a personas. Por tanto, para efectos de este ensayo, no pretenderé innovar demasiado en cuanto a definiciones conceptuales. Violencia es el atributo de cualquier acción, individual o colectiva, dirigida conscientemente a producir daño físico a un ser humano. Violencia política es cuando este daño se produce por motivaciones políticas o en un contexto de enfrentamiento político. En el sentido anterior, y para despejar de inmediato un asunto que puede resultar particularmente espinoso, los enfrentamientos entre manifestantes y policía constituyen un caso de violencia política. No pretendo establecer aquí tampoco una delimitación moral categórica en torno al término. Una acción puede ser reprochable sin ser violenta, como insultar públicamente a una persona. Y una acción puede ser violenta sin ser necesariamente reprochable, como una iniciativa de autodefensa civil bajo un contexto de represión autoritaria. La violencia no es buena ni deseable en cuanto tal, pero da pie a un sinnúmero de matices, justificaciones y contextualizaciones sui generis. Condenar la violencia “venga de donde venga” suele ser un ejercicio valioso, pero esencialmente retórico: confieso que no le creo a nadie que no justifique o haya justificado la violencia política en al menos algún caso. Después de todo, al menos todos celebraremos alegremente este año las fiestas patrias. Y —por saltar rápidamente a un ejemplo brutal— una parte nada despreciable todavía cree que el golpe de Estado de 1973 era necesario, de la misma forma en que la resistencia militar al mismo podría haberlo sido también.

Pero la violencia política, aún asumiendo una definición más amplia del concepto, ha cambiado radicalmente de forma en el curso del último siglo, al menos en lo que a las democracias occidentales se refiere. La democracia de masas, forzada en torno al anterior cambio de siglo por la creciente capacidad de organización y movilización de los sectores sociales subalternos, nació en parte de la violencia e involucró elementos de ella en forma permanente. Baste hojear cualquier libro de historia política sobre las primeras décadas del siglo XX. En Chile, no obstante la mayor densidad institucional respecto de nuestros vecinos, el fenómeno también alcanzó una dimensión que hoy nos produciría vértigo: grupos milicianos asociados a partidos políticos, Fuerzas Armadas abiertamente deliberantes, represión aguda y autodefensa de masas en contextos de protesta social. Si extendemos nuestra definición a lo que Gabriel Salazar considera como “violencia política popular” —como tomas de terrenos, bandolerismo, concentraciones callejeras, acciones orientadas a producir daños materiales—, parece claro que ella nunca ha estado ausente de nuestra historia republicana. Siguiendo a Salazar, el período 1932–1973 dio cuenta de una “pacificación” en torno a los proyectos nacional-desarrollistas que permitieron una cierta integración política de la base social. Sin embargo, las insuficiencias de este proceso, y los intentos por desbordarlo, agudizaron progresivamente los hechos y las expresiones de violencia hasta el quiebre de la democracia.

Sin haber nunca militado en un grupo propiamente radical, creo que tengo un conocimiento experiencial sobre la práctica de la izquierda chilena muy superior al promedio. Mi paso por el movimiento estudiantil me permitió conocerla de primera mano. Sin embargo, nunca supe de alguno de mis pares involucrado en la planificación o ejecución de acciones de violencia más allá de agredir a un policía, cuestión que solía producirse de forma espontánea. La violencia política no era un elemento a perspectivar estratégicamente, al menos no de manera explícita. Nadie pensaba en tomar el poder con la fuerza de las armas. Nadie sabía usarlas ni parecía demasiado interesado en aprender, por mucho que defendiera retóricamente la legitimidad de su utilización. Nadie pensaba realmente en aplicar “justicia proletaria” contra sus rivales políticos, los patrones o las autoridades del Estado, ni veía en la dinámica estructural de la sociedad el advenimiento de un “enfrentamiento inevitable” para el cual, desde luego, habría que prepararse en consecuencia. Y si no era así en los grupos más fuertemente ideologizados, difícilmente lo era para la población general, que todavía en un ascenso aparente de la politización de masas —digamos, la “década corta” entre 2011 y 2019— mostraba evidentes signos de desafección. Pero no siempre había sido así, ni en Chile ni en el resto del mundo. Repartir golpes de puño, laques, camotes, candados sujetos a cadenas o lisa y llanamente balazos era una experiencia probable, prácticamente consustancial, a la militancia y la participación política. Ya no más.

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Este es un ensayo sobre la violencia, sobre Chile, sobre lo que fue nuestra política, lo que pudo ser y lo que es. No tiene pretensiones académicas, por lo cual se permite ciertas licencias en cuanto al rigor de las referencias bibliográficas y el orden de la estructura argumentativa. Por esta vez, no hay aquí citas ni notas al pie. Condensa reflexiones ocasionalmente dispersas, que valen por sí mismas aun resultando laterales respecto del objeto central. Sus planteamientos, como se verá, son fácilmente extensibles al resto de las “democracias realmente existentes” —como dice Schmitter— y en buena medida se sostienen también bajo una perspectiva de alcance global. Su argumento central pivota sobre un acontecimiento específico: el atentado realizado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) al dictador Augusto Pinochet y su comitiva en septiembre de 1986, cuatro décadas atrás. Aunque discrecional, el motivo de esta elección es simple. De acuerdo con los historiadores, el atentado a Pinochet es la acción de mayor envergadura que haya intentado jamás en nuestro país cualquier aparato militar al margen de las Fuerzas Armadas. Representa el punto más alto en la utilización de la violencia por parte de grupos organizados e institucionalizados para lograr objetivos políticos. Nunca antes, ni nunca después, una acción semejante llegó a ser intentada. Comprender por qué es uno de los objetivos centrales de este ensayo, y una de las primeras preguntas que me llevó a sumergirme en este asunto hace ya un par de años, dándome luego a la tarea de escribir un texto como este.

Hay otras preguntas que se desprenden lateralmente de la anterior, y que han flotado en mi cabeza desde entonces. La primera es por qué nos hemos acostumbrado a hablar de “violencia” o “violencia política” para referir a fenómenos tan evidentemente disímiles de aquellos que denotaban originariamente tales conceptos. Recuerdo que Iván Valenzuela me preguntó en una entrevista, a propósito de la agresión contra la ministra de Ciencias en la Universidad Austral, acerca del fenómeno de la violencia en las universidades. Le contesté, ante su sorpresa, que toda la evidencia indica que el momento actual es por lejos el menos violento desde que existen las universidades sobre la faz de la tierra. No hay apenas registro de heridos o muertos por enfrentamientos de carácter político entre estudiantes universitarios, algo que durante el siglo anterior era moneda corriente. La autoridad institucional, con honrosas excepciones, es mucho más respetada. Hay paredes rayadas, algún vidrio roto y discursos altisonantes, sí, pero en una proporción significativamente menor. Nada de lo anterior significa que yo apruebe o tolere dichas acciones —que, de hecho, siendo dirigente estudiantil reproché hasta el hartazgo—, sino mi perplejidad ante la insistencia de los extremos políticos de nominar hechos con una etiqueta que de ellos poco explica. Tanto la izquierda como la derecha —facciones relevantes de ellas, al menos— suelen insistir en que sus adversarios son, de alguna manera, violentos, aunque casi nunca involucran daño físico contra personas. Para decirlo crudamente, me resisto a pensar que sea conveniente usar el mismo concepto para significar papeles pegados en una oficina, pronombres mal utilizados y el asesinato impune de Arnoldo Ríos en la Universidad de Concepción, a manos de las Juventudes Comunistas, en 1970.

La segunda, una suerte de corolario de la primera, es por qué la violencia propiamente tal, organizada y como instrumento para el logro de fines específicos, parece haber desaparecido completamente de la ecuación política en la actualidad. (A excepción, obviamente, de la lectura del Estado tipo Graeber.) En la década de 1960, quienes practicaban sistemáticamente alguna forma de violencia política en Chile eran, obviamente, una minoría impresionante. Pero existían. El MIR, al igual que luego Patria y Libertad, tenía militantes activos en universidades, fábricas, poblaciones y campos. Militar en el MIR era una posibilidad tal como lo era hacerlo en el Partido Socialista, en la DC o en el Partido Nacional. Y aunque en rigor era la más escuálida de sus organizaciones análogas en el resto del continente —estuvo a años luz de tener algún control territorial relevante, por ejemplo—, de todas formas registraba instancias de acción directa, propaganda armada y proporcionaba formación militar a una selección de sus cuadros. Ampliar la mirada en tiempo y espacio sólo vuelve más llamativa la impresión. Las primeras décadas del siglo XX combinaron, en todo el mundo, abigarrados experimentos democráticos y violencia política de masas, naturalizada hasta el paroxismo. Leí hace poco que, en las famosas elecciones parlamentarias de 1936 en la Segunda República española, cerca de 50 personas murieron en enfrentamientos callejeros asociados a la elección. En Chile, prácticamente todos los partidos de masas contaban con grupos de choque, cuyas reyertas dejaron varios muertos que, por supuesto, no fueron juzgadas ni produjeron una conmoción pública semejante a la que tendrían hoy.

La tercera es por qué la violencia política, y específicamente la actividad del FPMR, suscita hasta el día de hoy un romanticismo tal que, al tomar un poco de distancia, resulta extemporáneo e incluso ridículo. Como intentaré desarrollar, sin perder el debido respeto por los involucrados, la política militar del Partido Comunista durante la dictadura era inviable, contraproducente y su apoyo popular, fuera de algunos círculos radicalizados, era prácticamente inexistente. Nunca tuvo la menor posibilidad de aislar políticamente ni menos derrotar al régimen, y su auge —derivado también, en todo caso, de la insuficiencia percibida en las formas de resistencia pacífica— fortaleció en los hechos la posición de Pinochet. La idea de un amplio pueblo entregado a “todas las formas de lucha”, que por esos años fue real en muchos países del tercer mundo e incluso en lugares como Belfast y Guipúzcoa, era casi enteramente imaginaria en el caso chileno. El anunciado fracaso del militarismo comunista, asociado con la “política de rebelión popular de masas” (conocida también por sus siglas: PRPM) trazada en 1980, trajo consigo la repulsa de gran parte de la izquierda y de una parte significativa del propio PC, disidencia que fue aplastada por los ortodoxos con Gladys Marín al mando. Pese a todo, el tiempo ha sido benévolo con los frentistas, incluso con aquellos que todavía en democracia insistían en asesinar autoridades electas, amén de otras prácticas nada heroicas como el asalto de sucursales bancarias, el tráfico de drogas y el secuestro de civiles a sueldo. Algo similar, dicho sea de paso, parece estar ocurriendo con la propia dictadura en el público de derecha.

Este ensayo busca abordar y desarrollar una respuesta —ya parcialmente esbozada— a las tres preguntas anteriores, elaborando en torno a ellas un argumento narrativo general respecto de la violencia política en Chile. Creo que nuestra conciencia colectiva, el ser humano, no ha logrado todavía sincronizar adecuadamente sus expectativas, disposiciones y pulsiones con el hecho empírico de la virtual desaparición de la violencia física explícita de la ecuación política en las democracias occidentales. En otras palabras, nosotros —muchos de nosotros— no hemos asumido todavía que vivimos en un mundo donde la violencia, específicamente la violencia armada con fines políticos, ya no juega un rol en la configuración de nuestra vida común. Es por eso que estiramos hasta el absurdo los conceptos para convencernos de que, sí, nuestro país se deshace entre la polarización y la violencia, que el fascismo o el bolchevismo están a la vuelta de la esquina, y que tuvimos el infortunio de nacer en una época histórica especialmente atribulada. Es por eso que negamos el progreso moral que ha implicado lo anterior, y es por lo mismo que somos ciegos a las contradicciones que —como todo progreso— éste ha traído consigo. Y es por eso, finalmente, que por estos días son millones los chilenos que observan el atentado a Pinochet con la trágica nostalgia de lo no vivido, mirando de reojo a sus vecinos que admiran, con banderas contrarias pero similares motivos, el bombardeo a La Moneda y la obra del dictador.

Sé que hay centenares de argumentos similares dispersos en la literatura, tanto académica como narrativa, y es probable que muchos de ellos hayan entrado inadvertidamente a mi consideración sin que pueda recordarlos para mencionarlos debidamente. Escribiendo esto, de hecho, supe o recordé —all knowledge was but remembrance— que hay dos conceptos que refieren de alguna forma a lo que he tratado de inteligir: anemoia y posmemoria. Mi principal influencia tácita debería ser, en todo caso, El malestar en la cultura, ensayo perfecto para cualquiera que mantenga todavía un prejuicio sobre la obra de su autor. Freud escribe allí que el desarrollo de la cultura y la civilización moderna exige la represión de las pulsiones eróticas y agresivas en la naturaleza humana, lo cual resulta en un malestar generalizado con la propia experiencia vital, respectivamente concentrado a través del sentimiento de culpa. Aunque fue publicado entreguerras, probablemente el argumento alcanzó plena vigencia después de 1945: qué mejor amalgama de cultura, civilización, modernidad, represión pulsional y culpa colectiva internalizada que la improbable reconstrucción de la Europa Central que parió al psicoanalista vienés. Un libro como el de Mark Mazower, desafortunadamente traducido al castellano como La Europa negra, sirve para tomar el peso del contraste entre las dos mitades del siglo XX, al menos en lo que al hemisferio occidental se refiere.

Mazower, cuya lectura sugiero acompasar con el asombroso Continente salvaje de Keith Lowe, ofrece dos argumentos cuya contradicción es sólo aparente. Por una parte, la situación actual del viejo continente es el resultado contingente de una trayectoria improbable; por otra, ella se explica en buena medida por el retiro de las familias y las personas a la esfera de la intimidad y la domesticidad, en desmedro de la extenuante movilización política que había caracterizado a las décadas previas. El presente no podría ser lo que es si el pasado no hubiera sido lo que fue. Suena obvio, casi tautológico, pero sus implicaciones son profundas. ¿Cuál es, en este caso, “la tradición de todas las generaciones muertas que oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos”? ¿Por qué nuestra paz relativa parece no hacernos felices? ¿Puede la tensa calma del presente deberse al cansancio, a la represión de las pulsiones o algo parecido al fin de la historia, esa que, según el propio Fukuyama, podría llegar a reactivarse ante la perspectiva de siglos de aburrimiento? O, como hace preguntar Errol Morris a su protagonista en una de las escenas finales de Wormwood —uno de mis documentales favoritos, por si a alguien interesa—, ¿de qué se trata todo esto? ¿De qué, al cabo, se trata toda esta historia?

Se trata, creo yo, de cómo el ser humano lidia con su naturaleza, con una realidad que no logra inteligir del todo y de una historia que avanza por fuera de su control; de las consecuencias no deseadas, o no adecuadamente ponderadas, de sus decisiones. Se trata de cómo un país, o una civilización, tambalea, se incomoda, se perturba, al observar su presente y contrastarlo con su pasado. No es solamente que lo reprimido vuelva sobre la superficie. Es que la superficie misma ha cambiado de forma. Se trata del conflicto y el consenso, del vacío y la plétora, de la efervescencia y la parsimonia. Se trata del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, de la dictadura militar y de la gran mayoría de chilenos que rezaban para que ambos desaparecieran de una vez por todas. Se trata de la forma que adquiere la política en una sociedad atomizada, desintegrada y molesta, descendiente de una sociedad movilizada, dinámicamente cohesionada y también molesta. Se trata de cómo la violencia política ya no es lo que era, y ha llegado incluso a desaparecer, pero no logramos convencernos de la realidad ni de la oportunidad de semejante tránsito. Yo mismo, debo decir, intento resistir a la tentación. Como cualquier ser humano, supongo. Después de todo, esta historia se trata —o aspiro a que se trate— de todos nosotros.

Vamos allá, entonces.

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De acuerdo con el historiador Luis Rojas Núñez, autor de uno de los libros más importantes y documentados —aunque sin pretensión alguna de imparcialidad— sobre el caso, el atentado a Pinochet es “el suceso del que más se ha escrito e investigado de todo lo ocurrido en el período de la lucha contra la dictadura en Chile”. Para Patricia Verdugo y Carmen Hertz, de similar progenie, “tras las manos que dispararon —todas las manos, las de unos y las de otros— estaban los brazos de todos nosotros”. Como veremos, hay buenas razones para matizar semejante analogía. Sin embargo, no cabe duda alguna que en el desenlace de la emboscada se jugaba, de una u otra forma, el futuro del país entero. El atentado fue el punto culminante de un proceso de radicalización experimentado por una parte de la izquierda chilena, principalmente en torno al Partido Comunista, a partir de la represión ejercida por el régimen y de sus propias reflexiones internas. También fue un punto de inflexión en la resistencia de masas que comenzó a despuntar en 1983, y que, a falta de una dirección política consistente, se expresó por medio de un repertorio heterogéneo y variopinto. Valga profundizar un poco más en ambas dimensiones.

Durante esos años, el Partido Comunista y el FPMR nunca reconocieron públicamente su vinculación. De hecho, la negaron de forma categórica una y otra vez. Pero todos —todos— sabían que el Frente no era sino el brazo militar del PC, visado y financiado directamente desde Moscú. La existencia de una vanguardia armada clandestina representaba un giro estratégico muy significativo en la historia del comunismo chileno, que había extinguido hace medio siglo sus tendencias y proclividades a la lucha insurreccional. Aunque nunca dejó realmente de practicar la violencia en una escala menor —ya mencioné el caso de Arnoldo Ríos, al cual podrían sumarse otros—, en los hechos descartó la vía armada como una alternativa política para la conquista del poder. Consistentemente expulsó de sus filas a quienes exhibían inclinaciones en dicho sentido, acusándolos de “aventurismo” o “desviación ultraizquierdista”. Así ocurrió con los “reinosistas”, y luego con maoístas u otros tipos de comunismo rupturista que florecieron irregularmente en los márgenes de la organización. Por supuesto, no había en ello ningún atisbo de convicción moral democrática o pacifista. Los comunistas chilenos saludaron los derramamientos de sangre de 1956 en Hungría y 1968 en Checoslovaquia, manteniendo a la horrorosamente autoritaria y represiva Unión Soviética como cabeza indiscutida del movimiento comunista internacional: “¡Checo, entiende, los rusos te defienden!”.

Es probable que, como sugieren algunos historiadores, el “freno de mano” en la estrategia de Luis Corvalán se debiera en gran medida a los lineamientos de Moscú, que no deseaba verse arrastrada a una nueva insurrección armada en América Latina. Pero también, sin duda, obedece a una cierta tradición asentada en la política chilena y en la izquierda, especialmente a partir de 1932. Había bandolerismo y milicias políticas, pero no guerrillas rurales ni urbanas. La violencia política como modo de operación sistemático no tenía viabilidad alguna dentro de una estrategia de poder, en buena medida porque la organización con fines violentos nunca fue una práctica de masas en Chile. La mayor parte de la clase trabajadora simplemente no quería saber nada de armas. Socialistas y comunistas terminaron por formar parte de una “tradición liberal no reconocida”, en palabras del historiador Joaquín Fernández, que privilegiaba el campo institucional y formas de movilización política no violentas, entre las cuales las elecciones eran la más importante de todas. Siempre existieron grupos minúsculos que discutieron esa visión, pero ellos no alcanzaron entidad relevante alguna al menos hasta 1965, con la fundación del MIR, que contagió luego a franjas del Partido Socialista, el Partido Radical y escisiones del PDC. (Léase, al respecto, el interesante opúsculo de Marco Álvarez: La ruta rebelde.)

Luego de 1973, y la consiguiente intensidad de la represión por parte de la dictadura, este panorama comenzó a cambiar. Las interminables discusiones sobre las causas del golpe de Estado tendieron a expresar una divergencia fundamental entre quienes creían que, ante la cruda inexistencia de capacidad militar para hacer frente a los golpistas, era menester ampliar la base de sustentación política y social del proceso —obviamente integrando a la Democracia Cristiana, aunque ello demoró en explicitarse—, y quienes creían, en cambio, que la tarea era desarrollar tal capacidad. Los comunistas, dada su posición invariablemente “etapista” y pragmática durante los mil días de Allende, sostuvieron inicialmente la primera opinión. Mientras los organismos de inteligencia masacraban a los cuadros, sus documentos hablaban de un hipotético “frente antifascista” desde el centro a la izquierda, una continuidad natural de la clásica estrategia frentepopulista y los tímidos acercamientos a la DC que había intentado propiciar su dirigencia. Pero, luego de siete años, la oposición apenas hacía mella en el proceso de consolidación de la dictadura. La derrota en el plebiscito constitucional de 1980 —fraudulenta, pero derrota al cabo— fue el catalizador para animar perspectivas más audaces.

Además de Rojas Núñez, los historiadores Viviana Bravo, Alfredo Riquelme y Rolando Álvarez han diseccionado meticulosamente el proceso de radicalización del PC. El giro estratégico no era cosa fácil para un partido que consideraba la línea como una cuestión sacrosanta: implicaba criticar tácitamente lo obrado en los años previos a 1973. En aquello consistía la tesis del “vacío histórico”, impulsada por grupos intelectuales exiliados en la RDA, que planteaba el error que habría constituido la inexistencia de una fuerza militar propia. Estas ideas encontraron particular acogida en franjas juveniles del partido —lideradas por Gladys Marín— y por su Dirección Interior, asediada por la inclemencia del régimen. Como fuere, en 1980 Luis Corvalán anunció la posición favorable del partido a “recurrir a todos los medios a su alcance, a todas las formas de combate que lo ayuden, incluso a la violencia aguda”. Desde entonces, el PC desarrolló paralelamente una política de autodefensa de masas que incorporaba componentes de violencia en la movilización social —central en la denominada “rebelión popular de masas”— y una política de vanguardia paramilitar, que llevó primero a la creación del Frente Cero y luego a la presentación en sociedad del FPMR, que concentraría su actividad en “acciones audaces” de propaganda armada.

No todos estaban de acuerdo. La centralidad que fue adquiriendo la violencia en su política cotidiana entusiasmó a muchos militantes de base, dispuestos a todo y desesperados por enfrentarse directamente a la dictadura, pero comenzó rápidamente a alejar a los comunistas del resto de la oposición. A estas alturas, una gran parte de los grupos socialistas —además, obviamente, de la DC, que era mayoritaria— rechazaba la violencia por la intuitiva constatación de que, en ese campo, era imposible derrotar a la dictadura y cualquier enfrentamiento traería costos humanos que lo volvían inmediatamente desaconsejable. Aunque bajo cuerda, no fueron pocos los comunistas que abandonaron la militancia ya en esos años. Uno de ellos lo relata así: “Lo que nosotros vimos, y fue la gran discusión con la gente de la ‘Jota’ de esa época, es que era irresponsable la forma en cómo se estaba aplicando el giro. Desde el punto de vista macro, uno puede concordar en que en algún momento hay que comenzar. Pero desde el punto de vista micro, lo que veíamos era que nuestros amigos estaban muriendo por irresponsabilidad. No es lo mismo ir con una punto treinta [sic] a enfrentarte con una punto treinta, donde al menos metes bulla, que ir a enfrentar una punto treinta armado con una molotov”.

Estas discusiones adquirieron urgencia a partir de mayo de 1983, cuando una protesta nacional convocada por los trabajadores del cobre —en plena crisis económica, con un segmento nada despreciable de la población literalmente pasando hambre— logró canalizar finalmente la soterrada oposición al régimen en un movimiento de masas capaz de sacudir al país. El “asedio”, en palabras de Tomás Moulian, duró varios meses y forzó a Pinochet a una tímida apertura política, pero estuvo lejos de terminar con la dictadura. El itinerario fijado en la Constitución de 1980, en líneas generales, seguía en vías de cumplirse. Nadie quería llegar a 1988, pero el desgaste interno, la incipiente recuperación económica y la resiliencia del régimen abrumaba a una oposición que no lograba tampoco acordar una vía única de confrontación. El Acuerdo Nacional de 1985, propiciado por la Iglesia, fue desahuciado por el propio Gabriel Valdés luego de que Pinochet desairara al Cardenal Juan Francisco Fresno —el moderado y mesurado sucesor de Raúl Silva Henríquez— en el Te Deum. Para los democratacristianos, 1986 sería “el año de movilización de toda la sociedad”. Para los comunistas, en tanto, era el “año decisivo”: o caía, o caía. Todo estaba listo y dispuesto. No había otro horizonte en el pensamiento de la militancia comunista; así lo reflejan todos los testimonios de la época.

En la base social, mientras los comunistas apostaban a la radicalización de todos los conflictos, la oposición moderada reclamaba que la insistencia en la “violencia popular” como línea política desalentaba la participación de personas fuera del “activo democrático”. La discrepancia no era tanto normativa como estratégica. Muchos podrían estar dispuestos a asistir a un acto de masas de la oposición; pocos lo estarían si este se convertía inmediatamente en una instancia de enfrentamiento —inconducente y asimétrico— con la policía. En cualquier caso, las demás fuerzas, aunque escépticas del insurreccionalismo comunista, aceptaron pactar con ellos un calendario de protestas a través de la Asamblea de la Civilidad, que agrupó a todas las organizaciones sociales que habían logrado trabajosamente reconstruir en años previos. La idea original era forzar la salida de Pinochet por medio de una huelga general indefinida, aunque pronto fue evidente que no existía la capacidad objetiva para hacerlo. Finalmente, el acto central de protesta —que, según cuenta el investigador Christopher Manzano, fue idiosincrásicamente aplazado para evitar que coincidiera con el mundial de fútbol— fue fijado para el 2 y 3 de julio, en forma de paro general. El país efectivamente se paralizó en gran medida y la represión fue brutal, pero era obvio que la dictadura no caería. No hubo ni habría tal “sublevación nacional”.

Este punto es clave. Cuando se produce el atentado, a comienzos de septiembre, la movilización social estaba ya en una etapa de reflujo. El éxito apenas modesto —no en perspectiva histórica, claro, pero sí en cuanto a sus objetivos inmediatos— de la Asamblea de la Civilidad había dejado exhausta a la oposición, que no veía forma viable de torcer el destino. Para peor, los hallazgos de armamento en Carrizal Bajo ubicaron la cuestión de la violencia en el centro de la discusión: nadie, o muy pocos, deseaba que la situación desembocara en una guerra civil como la que parecían estar preparando los rodriguistas. Una Jornada por la Vida convocada por la Asamblea había dado cuenta de la disminución en la convocatoria de masas por parte de la oposición. Se produjo entonces una disonancia cognitiva: las bases opositoras, en su mayoría, se habían obligado a convencerse de que la dictadura caería por la movilización social. Al ser evidente que ello no ocurriría, quedaban solo dos cartas por jugar. Una era participar —con los debidos matices y alcances— del proceso fijado por la Constitución vigente de facto, el famoso “itinerario del dictador”. Con ello el horizonte democratizador se estrechaba, pero se volvía concreto y se evitaban muchas muertes. La segunda era golpear el tablero, esperando que ello propiciara un vuelco en la correlación de fuerzas para derrocar efectivamente al régimen y construir una “democracia avanzada”, ya que, en la lectura comunista, “la caída del fascismo no tiene por qué desembocar obligatoriamente en la democracia burguesa y, por consiguiente, puede conducir a un cambio cualitativo todavía más importante”. He ahí lo medular del gambito.

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Es posible que el éxito del atentado hubiese precipitado un desorden interno en el régimen, desmoralizando a sus autoridades, generando un vacío de poder y con ello pavimentado el camino a una transición democrática con un menor grado de tutelaje militar, como había ocurrido en Argentina. Es posible. Podría pensarse, también, que el ajusticiamiento del tirano hubiese producido un alzamiento generalizado de los sectores populares que, envalentonados por la acción del FPMR, harían efectivo “el copamiento por las masas de los principales centros políticos del país” que había visualizado el Comité Central del PC un año antes. Las milicias, debidamente armadas hasta los dientes, saldrían de las poblaciones para fundirse en una multitud de trabajadores, estudiantes y profesionales que volvería ingobernable el país. En la cinematográfica planificación de los rodriguistas, “la voladura del puente sobre el río Maipo aislaría a la ciudad por el sur, los puentes sobre el Mapocho serían dinamitados para bloquear el norte y una flota de camiones distribuiría armas en poblaciones del sur y el poniente. Los grupos armados debían constituirse en columnas y avanzar sobre el centro, para tomar La Moneda, aislando con barricadas y explosivos a las unidades militares de la capital”. Nada menos.

Aunque la natural imposibilidad de evaluar contrafácticamente los hechos vuelve imposible zanjar la discusión de una vez y para siempre, nada de lo anterior parece demasiado probable. Si los famosos cohetes Law hubiesen estallado y el magnicidio se hubiese consumado, todo indica que en los días y semanas próximas se habría desatado un verdadero infierno contra la oposición. Así lo reconocería —ante Fidel Castro en La Habana, nada menos— el propio Volodia Teitelboim, el de los “combates titánicos” en Radio Moscú, para quien la temeraria estrategia de los mandos militares arriesgaba un “yakartazo”. En otras palabras, una vendetta que haría palidecer incluso el terror de los primeros años del régimen. El incómodo itinerario constitucional se habría retrasado bajo el pretexto de aplastar la subversión. La fidelidad del Ejército a la obra del régimen y a la figura personal de Pinochet, que se extendió por décadas, ahorra especulaciones. Miles de vidas se hubiesen truncado y otras no hubiesen llegado jamás a ver la luz del día. Un matrimonio como el de mis padres en la década siguiente —perdóneseme la digresión personal—, provenientes de familias respectivamente marcadas a fuego por la oposición y el respaldo al régimen, habría sido mucho más difícil, por no decir imposible, de imaginar en un contexto semejante. Honestamente, el fracaso del atentado fue un alivio.

¿Había valido la pena? La mayoría de los actores políticos y sociales concluyó, en aquel momento, que no. La barbárica ley del Talión aplicada por la CNI —un civil por cada militar asesinado—, sumada a la ola de detenciones, relegaciones y censura de los medios opositores, sumió a la oposición en el desconcierto y el temor. La mayoría de los dirigentes se esfumaron por semanas, buscando desesperadamente salvaguardar su integridad física y descabezando a las organizaciones sociales que sostenían la movilización opositora. Por otro lado, despertó una reacción furibunda —que fue, al menos en parte, auténticamente espontánea— entre los partidarios del régimen, que salieron en masa a las calles para defender al tirano, quien escenificó nuevas y dramáticas arengas en contra de la insurrección marxista. “Pinochet: le ofrezco mi vida. Deme un arma” rezaba el cartel portado por un hombre retratado en el periódico opositor Fortín Mapocho. La oposición había quedado “en el peor de los mundos posibles”, como refiere un dirigente socialista de la época en la investigación de Francisco Melo. Aunque la autoría del hecho fue inicialmente dudosa, y aún algunos dudaron de su realidad —coloquialmente se llegó a hablar de la “Cuesta Creerlo”, en referencia a las Achupallas—, al poco tiempo el FPMR y el Partido Comunista reivindicaron la acción.

La Democracia Cristiana cortó definitivamente la ambigüedad que hasta entonces había mantenido en su política de alianzas sociales con los comunistas. Promoverían su participación en un marco de legalidad irrestricta, exigiendo reformar la Constitución, pero no volverían a formar listas unitarias ni direcciones colegiadas en organización alguna. No habría más “comités políticos privados”. Humberto Burotto, presidente de la FECH y figura clave de la Asamblea de la Civilidad, fue “destapado” en la Facultad de Derecho algunos días después; su discurso fue suficientemente contundente. “Rechazamos, como FECH, el atentado del FPMR, rechazamos la política militar del Partido Comunista, en democracia vamos a reprimir el terrorismo con el apoyo del pueblo, este es el más grave atentado y la más grave traición a las fuerzas democráticas que puedan haber hecho quienes se dicen aliados de las fuerzas democráticas”. Este giro no significó un retroceso significativo para el PDC en su convocatoria social. A las pocas semanas del golpeado alegato de Burotto, la DCU volvió a derrotar en la FECH a la izquierda, que esta vez incorporaba a mapucistas, radicales e Izquierda Cristiana junto a la tradicional entente del MDP. Similar éxito alcanzaron los estudiantes democratacristianos en la FEUC y la FEC, al igual que sus pares en las principales organizaciones sindicales y profesionales.

La apuesta del PC había sido completa: enfrentarse por todos los medios al régimen, asumiendo los costos humanos y políticos en caso de fracasar. Y, en efecto, así fue. Habida cuenta del fracaso, el aislamiento político del PC se consumó rápidamente. Ante la perspectiva de una incipiente apertura democrática, nadie quería parecer demasiado cercano a un partido que amenazaba con convertir los campos y las ciudades chilenas en un averno. (El alejamiento del socialismo almeydista, liderado por Camilo Escalona, fue sintomático.) Los temores de la vieja guardia comunista, que había manifestado bajo cuerda su desconfianza con el giro de 1980, se confirmaron. Menos de un mes después del atentado, el ex senador Alejandro Toro no dejó lugar a interpretaciones. “El pueblo no está para seguir a grupos aventureros con fines mesiánicos. Nuestro pueblo es sabio: se cruza de brazos y los mira por la ventana, pero no los sigue en la aventura”. Era la primera vez que un dirigente comunista reconocía públicamente lo que para todo el resto era evidente: la estrategia vanguardista del FPMR era suicida, y no contaba apenas con respaldo popular ni capacidad orgánica para llevarla exitosamente a cabo. Era demasiado similar a lo que, en otros tiempos, el Comité Central habría clasificado como “aventurismo”. La disciplina leninista no tuvo contemplaciones y Toro fue sancionado, al igual que la actriz María Maluenda, madre del degollado José Manuel Parada. Una fuente anónima declaró por esos días a Apsi —semanario asociado a grupos socialistas— que “la actual dirección es putschista: son audaces, se concertaron, se tomaron el poder y, asumiendo formas estalinistas, de gran burocracia, han desconocido la opinión de una gran mayoría que tiene opiniones disidentes”.

Es, obviamente, muy difícil saber si efectivamente había una mayoría opositora interna. Pero era un grupo lo suficientemente significativo como para que el PC paralizara en los hechos todas las acciones tendientes a continuar desplegando su política militar. La dirección dudó, y los jefes militares del FPMR —la mayoría de ellos— decidieron continuar con la lucha armada sin estar subordinados al partido. Nació entonces el FPMR-Autónomo, que prolongaría su campaña hasta los años de la transición, aunque las fronteras entre uno y otro grupo fueron inicialmente porosas. 1987 y 1988 fueron años rápidos. El PC buscaba mantener un equilibrio dinámico entre las demás fuerzas de oposición, que le exigían terminar con la lucha armada, y una parte de sus bases, que amenazaba con seguir a los “autónomos” de consumarse el giro institucional. Ante la apabullante realidad de la movilización popular en torno al plebiscito, que sorprendió incluso a los líderes de la oposición moderada, los comunistas no tuvieron más alternativa que llamar a inscribirse en los registros electorales y votar “No” en octubre de 1988. “El paso que pocos meses atrás motivara la separación de quienes lo dieran de las filas del partido, era ahora asumido por la propia dirección que tan vehementemente lo había rechazado” (Riquelme). Lo hicieron, sin embargo, por fuera de la recién formada Concertación de Partidos por el No.

La última jugada del PC fue el “levantamiento democrático”. Los comunistas —y en esto no estaban solos— esperaban el triunfo fraudulento del Sí, y reconocían explícitamente el carácter estrictamente táctico de su definición por el No. En el fondo, era la única salida posible. Si por ventura se hubiese consumado el fraude, el descrédito de los demás partidos, al haber caído en el juego de la dictadura, habría permitido al PC recuperar las posiciones perdidas. Una recordada escena del documental Actores secundarios muestra a un estudiante comunista de la época que confiesa su desazón al observar cómo la gente salía a las calles a celebrar el triunfo del No: él, junto a sus compañeros, esperaba el fraude para encabezar una reactivación de la lucha. Lo cierto es que, derrotado Pinochet en las urnas, el PC quedó fuera de la transición, y quienes planteaban la necesidad de un golpe de timón para eludir semejante destino fueron expulsados o apartados de las posiciones de poder en la estructura. En diciembre, la convocatoria del Comité Central al XV Congreso destacaba que “es imprescindible prepararnos y disponer de las capacidades para ejercer la violencia popular cuando la situación lo requiera”, relevando “la necesidad de tener una política militar integrada a la política general y práctica de todo el Partido”. Esta sentencia fue severamente contestada por los disidentes, quienes veían en ella una ratificación de la clausura que había establecido el grupo dirigente para debatir tales asuntos. El avance de la perestroika en la Unión Soviética y la caída del Muro alentaban a la oposición interna, que comenzó a romper abiertamente la disciplina y manifestar su parecer en público.

Luego de naufragar en las elecciones de 1989, en las cuales el partido no obtuvo ningún parlamentario, la crisis del PC se zanjó decisivamente en favor del grupo de Gladys Marín. Los renovadores, desde Toro y Maluenda hasta otras figuras como Fanny Pollarolo, Luis Guastavino, Gonzalo Rovira, Antonio Leal y Patricio Hales, fueron expulsados o se retiraron del partido, recalando en el PS, el PPD o en el efímero Partido Democrático de Izquierda (PDI). El punto central en disputa era la aplicación de la PRPM, que los disidentes juzgaban como “desviación militarista” y responsable del aislamiento político y social del partido. La dirigencia insistía en enfatizar la legitimidad moral de las formas de lucha utilizadas, sin asumir —así rezaban las críticas— responsabilidad alguna respecto a las consecuencias de su claro fracaso. Frente a la crisis nacional e internacional del comunismo, el grupo de Marín respondía con una reafirmación identitaria sin fisuras, acusando a sus rivales de constituir una “fracción antipartido de carácter liquidacionista”, conspirativa y manejada desde el exterior. Ni siquiera la disolución de la Unión Soviética hizo tambalear la posición del oficialismo comunista, que adoptó durante el resto de la década una actitud contestataria y radicalmente crítica con el devenir de la Concertación. Sólo en la década siguiente, fallecida Marín, el PC terminaría por unir fuerzas con el centro político, aunque sin realizar jamás la reflexión que su disidencia le había exigido. (Tengo muy grabada en la memoria la imagen de Claudina Núñez, elegida alcaldesa de Pedro Aguirre Cerda en 2008, diciendo “sí, soy comunista, pero también soy bacheletista, concertacionista”. Nunca he podido volver a encontrarla.) Aunque funciona y convive dentro de los marcos democráticos, continúa reivindicando el militarismo de los ochenta y apuntando a la dictadura de partido único —la “democracia avanzada” cubana— como un modelo posible. Y ha tenido cierto éxito.

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Al sumergirse en la historia política global del siglo XX, es imposible no advertir cierto provincialismo en el discurso habitual de la izquierda chilena. Muchas de las tendencias y los cambios que suelen atribuirse aquí a la dictadura militar, como el vaciamiento de los movimientos sociales, la neutralización del conflicto político, el desarraigo de los partidos y las políticas económicas de apertura comercial, privatización y desregulación financiera, son —con todos los debidos matices— prácticamente comunes a todo el hemisferio occidental. El sociólogo Colin Crouch, de hecho, habla de la “parábola de la clase trabajadora”: los movimientos populares alcanzaron su punto máximo de poder e influencia a mediados del siglo XX, declinando claramente luego de 1970. El “siglo del corporativismo” que había anunciado Schmitter en 1974 se estrelló contra las transformaciones económico-productivas y culturales que despojaron a las grandes organizaciones de masas de su fuerza pretérita. Los instrumentos políticos con los cuales contaba la izquierda tradicional dejaron de ser operativos en casi todo el mundo. El enorme trauma vital de la dictadura, absolutamente atendible, llevó a la izquierda chilena a sobreestimar la capacidad de agencia que ella tuvo para modelar nuestro presente, lo cual aplica también para sus sucesores. Sin sangre ni represión, la mayoría de los países comparables recorrió un camino menos traumático pero similar en sus consecuencias. Lo que no logró una dictadura podría haberlo logrado la crisis de la deuda, la hiperinflación o la oportunidad histórica de prosperidad económica traída por la globalización de los años ‘90.

En su magistral ensayo De la vía chilena a la vía insurreccional —uno de los mejores libros para comprender el proceso de la Unidad Popular—, Genaro Arriagada hace notar algo muy importante. Al momento de triunfar Allende, la izquierda marxista se encontraba ya en reflujo dentro de las democracias occidentales. Como le escuché decir alguna vez a un viejo falangista, “nadie podía ser comunista después de Praga”. Los evidentes ripios que mostraban los países de la órbita soviética le restaban sistemáticamente legitimidad al movimiento comunista internacional, y no parecían emerger todavía proyectos alternativos de similar envergadura y viabilidad. Eso no significaba que las aguas estuviesen tranquilas, por cierto. La década de 1960 vio surgir a nuevos movimientos populares de masas en los países industrializados, así como en las naciones del tercer mundo que luchaban por la descolonización política y económica. Con una sincronía impresionante, el lustro final de la década presenció el ascenso de una conflictividad político-social que hizo a muchos pensar que la superación del capitalismo era, ahora sí, inminente. A esto se debe, en buena medida, el significado global que adquirió la UP: la esperanza de avanzar al socialismo por vías democráticas, fuera de los marcos tradicionales.

Esta efervescencia, aunque apenas comparable a la “superpolítica” —el concepto es de Anton Jäger— de los años de entreguerras, otorgó también un papel a la violencia política. Los movimientos de liberación nacional en el tercer mundo contaban, invariablemente, con grupos paramilitares como vértice de una articulación social más amplia. En las democracias occidentales, en tanto, una pléyade de grupos de izquierda y derecha se descolgaron del consenso de posguerra y abrazaron la acción directa como forma política. De alguna forma, las guerrillas latinoamericanas se encontraban a mitad de camino entre ambos tipos: se trataba de países ya independientes y, en su mayoría, razonablemente democráticos; pero también procedían de sociedades que sufrían todavía el atraso económico, la subordinación geopolítica y lo que los teóricos del desarrollo denominaban “dualismo estructural”: la coexistencia de dos estructuras sociales y productivas al interior de un mismo país, derivada de su integración asimétrica al mercado internacional. Así las cosas, entre las décadas de 1960 y 1980 no hubo prácticamente ningún país que no tuviera grupos políticos activos dedicados al ejercicio de la violencia ilegal. La mayoría de estos grupos fueron marginales y no lograron horadar en lo más mínimo aquellos sistemas a los cuales se oponían. Pero las excepciones fueron notorias y fulgurantes.

Quizás la variable más importante a la hora de analizar comparativamente estos casos es el grado de respaldo popular y capacidad de movilización con el cual contaban dentro de sus respectivas comunidades políticas. Podría ubicárseles en un espectro: en un extremo, aquellos grupos con actividad paramilitar que contaban con un apoyo popular incuestionablemente mayoritario, como el Congreso Nacional Africano en la Sudáfrica del apartheid; en el otro, grupúsculos hipervanguardistas que no contaban con respaldo de masas alguno, como los autonomistas italianos, los maoístas alemanes o el curiosísimo grupo The Weather Underground en Estados Unidos. En la medianía del espectro se encuentran aquellos grupos que, aunque difícilmente lograron consolidar una mayoría social, agruparon en torno a ellos a la suficiente cantidad de personas para convertirse en un problema político y no solamente policial para sus respectivos Estados. Es el caso, por ejemplo, del IRA en Irlanda del Norte, de la ETA en el País Vasco y el FLNC en Córcega. Las guerrillas latinoamericanas también podrían inscribirse aquí, aunque los Tupamaros estaban más cerca del complejo Baader-Meinhof que de Mandela.

En cualquier caso, el punto fundamental es que, al menos hasta la década de 1980, la violencia política formaba parte del paisaje en la mayoría de las democracias occidentales. No era completamente extraño que un vecino, compañero de trabajo o de curso tuviera una militancia política con algún tipo de relación con la violencia. Eran, sin lugar a dudas, una minoría en comparación a la primera mitad del siglo, cuando una buena parte de los partidos políticos de masas practicaba la violencia de manera habitual —no colocando bombas, pero sí llevando a la calle grupos de choque—; pero existía y seguía siendo una posibilidad para aquellos jóvenes que quisieran involucrarse en los asuntos públicos por medio de la militancia. La violencia política no era mayoritaria, ni como práctica ni en términos de su aprobación pública, pero seguía siendo consustancial a todos los sistemas democráticos, incluso a aquellos en apariencia más consolidados. En 1970, el Frente de Liberación de Quebec secuestró y asesinó a un ministro canadiense, obligando al gobierno de Pierre Trudeau a decretar medidas extraordinarias para reprimir la sedición. En Italia, los anni di piombo dejaron centenares de muertos, con grupos armados de izquierda y derecha que —según se supo después— recibían apoyo clandestino de la OTAN. Los atentados políticos con víctimas fatales eran noticia habitual en Portugal, España, el Reino Unido, Francia, Bélgica y Alemania. Margaret Thatcher, Charles de Gaulle y el Papa Juan Pablo II zafaron por muy poco; Aldo Moro no corrió la misma suerte.

En América Latina, como es conocido, el triunfo de la revolución cubana en 1959 fue un aliciente para la formación de grupos de izquierda revolucionaria dedicados a la acción directa. El mitificado proceso cubano, y la vulgata foquista del Che Guevara, fueron simultáneamente una inspiración y una fuente de apoyo logístico para las bandas que surgieron a lo largo de la década en todo el continente. Algunas de ellas —como las FARC en Colombia y Sendero Luminoso en Perú— dominaron la sinuosa geografía de sus respectivos países y llegaron a tener un grado nada despreciable de control territorial; otras, como los Tupamaros uruguayos o los Montoneros argentinos, se dedicaron a la guerrilla urbana y las acciones de propaganda armada, siendo brutalmente reprimidos por la reacción autoritaria sustentada en la Doctrina de Seguridad Nacional estadounidense. ¿Y Chile? Como está dicho, el grado de institucionalización del sistema político —y de la propia izquierda— volvía improbables las aventuras insurreccionales y la lucha ilegal. Solamente el MIR, surgido en 1965, propugnaba la vía armada y proporcionaba cierto entrenamiento militar a sus cuadros, aunque sus acciones eran más bien acotadas y muy lejos del terrorismo de otras latitudes. Algo similar podría decirse de su homólogo derechista, el Frente Nacionalista Patria y Libertad. Ambos grupos eran relativamente pequeños y tenían escaso apoyo por sí mismos, aunque ejercían una influencia desmesurada en las élites políticas.

Desde la década de 1980, a la vez que las redes internacionales de subversión —asociadas, de forma directa o indirecta, a Moscú— se debilitaban, la represión se volvía más eficaz y las perspectivas revolucionarias devenían quiméricas, la mayor parte de estos grupos fueron, uno tras otro, dejando las armas. Como en un dominó, la caída de cada una de las piezas favorecía la caída de la siguiente: al desaparecer progresivamente la violencia de la ecuación política de los distintos países, la presión se volvía insoportable para aquellos que insistían en perpetuar la lucha. Las fuentes clásicas de financiamiento se habían secado, las bases de reclutamiento eran raquíticas y sumamente frágiles, y las respectivas comunidades nacionales habían dejado de naturalizar la violencia como parte consustancial del conflicto político. Al final, el principal factor del término de la violencia de los ‘60 y los ‘70 fue, nuevamente, el enorme descontento popular que esta generaba y la legitimación democrática de la represión aguda de los Estados. Los grupos que no fueron inmediatamente aplastados terminaron aceptando, en su mayoría, una vía de consenso para dejar las armas. En América Latina, líderes políticos de izquierda como Gustavo Petro y “Pepe” Mujica provienen de estos procesos de desarme.

Hay un caso que me apasiona en lo personal y sirve para ilustrar los hechos estilizados presentados en esta digresión: ETA, el grupo armado independentista vasco. Hay dos variables que son particularmente relevantes al efecto. Primero, ETA tenía un nivel de apoyo popular medible y superior al de todos sus homólogos en las democracias occidentales, el cual le permitía tener una estructura multiforme con frentes de masas que alimentaban a la banda. El llamado Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV) constaba de aparatos orgánicos —coordinados de forma clandestina— en el frente político, sindical, estudiantil, campesino, internacional y militar, con un asombroso nivel de capilaridad territorial y movilización callejera. Herri Batasuna, el frente político del MLNV, tenía alrededor de un quinto del electorado vasco, mientras sus aliados norirlandeses y corsos apenas se empinaban sobre una décima parte. Segundo, ETA fue el último grupo relevante del mundo occidental —con la posible excepción de las FARC— que dejó las armas. Por su propia tozudez y confusión estratégica —y también por los niveles inusitados de represión a los cuales estuvo dispuesto el Estado español—, dilapidó la oportunidad de obtener una salida semejante a los Acuerdos de Viernes Santo y terminó disolviéndose luego de que las asambleas locales del MLNV así lo determinaran. Hoy, despojado de su frente militar, el MLNV sigue creciendo y alcanzó casi un tercio de los votos en las últimas elecciones de la Comunidad Autónoma Vasca, sin haber condenado todavía los atentados más cruentos de ETA —a la cual se niega a llamar terrorista— y con varios conspicuos exmiembros en su dirigencia. (David Pla, líder de ETA al momento de su disolución, ocupa hoy un cargo en la directiva de Sortu, el partido político de la denominada izquierda abertzale.)

Hay una saludable cantidad de documentales y libros —más allá de Fernando Aramburu— que permiten aproximarse a este fenómeno, tanto más interesante por el hecho de que se localiza en una de las sociedades más prósperas del mundo. Su proceso de abandono de las armas resulta de particular interés por los argumentos vertidos. En Asier eta biok, un etarra recientemente excarcelado defiende ante su madre la legitimidad de la lucha armada, comparándola, de forma espantosamente convincente, con las acciones de su propio abuelo como gudari durante la guerra civil. Su madre, que había vivido su juventud bajo el franquismo, respalda la causa pero rechaza terminantemente la violencia. En El fin de ETA, se muestran las oportunidades desaprovechadas por el MLNV y cómo, finalmente, la disolución terminó por ser una salida unilateral e inevitable. Sencillamente nadie ya, ni siquiera los irreductibles propios, veía sentido en prolongar la lucha armada. Lo que en la década de 1970 parecía consustancial a la política, al menos a una sección de ella, se había convertido en un cuerpo extraño, repelente, que la enorme mayoría del público no quería sino extirpar por todos los medios posibles. Incluso aquellos que, en un país donde el sentimiento nacionalista tiene raíces muy profundas, mantenían cierta simpatía por los fines que nominalmente declamaba ETA.

Hasta el día de hoy, Euskal Herria Bildu —la marca política del MLNV— es objeto de estigmatización por su pretérito respaldo a la lucha armada, que regó de sangre el territorio vasco y español. Tomando algo de distancia, no deja de haber en aquello una cierta ironía: ninguno de los otros grandes partidos de España tiene un pasado exento de violencia. El PP —y, por extensión, Vox— proviene del franquismo político y sociológico, habiendo participado de forma destacada en los altos mandos de la dictadura. El primero y más importante de sus líderes, Manuel Fraga, fue durante años ministro de Información de Franco. El PSOE, por su parte, organizó en 1934 un sangriento alzamiento social que dejó miles de muertos. Ni hablar del PCE —principal fuerza detrás de Izquierda Unida y Sumar— y sus atrocidades durante la II República y la guerra civil. ¿Será el estigma de Bildu solamente explicable por la cercanía en el tiempo de los hechos repudiados, y será solamente cosa de tiempo para que Josu Urrutikoetxea pueda ser recordado de la misma forma que Fraga, Santiago Carrillo o Francisco Largo Caballero, cada uno de ellos responsable también de incontables muertes por motivos políticos? O quizás cometieron un atrevimiento todavía más grande: persistir en la violencia política en un tiempo que ya no lo autorizaba, resistiéndose a integrarse dentro del consenso ya forjado en su entorno.

Recuerdo nítidamente la entrevista conjunta realizada por un canal de televisión a Arnaldo Otegi —una suerte de Gerry Adams vasco— y Jesús Eguiguren, el socialista que encabezó los esfuerzos de negociación durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en el caserío guipuzcoano donde ambos solían reunirse. De retórica usualmente meditabunda y ponderada, Eguiguren alza la voz en un momento para decir algo como esto: “Lo que la izquierda abertzale debe reconocer, cuanto antes, es que la violencia siempre estuvo mal; no solamente ahora. Siempre estará mal matar a una persona por fines políticos, no hay circunstancia que justifique atentar contra otros. ¡Siempre!”. Siempre.

Si mi memoria no falla, Otegi, sentado a su lado, no agregó nada y el entrevistador pasó a la siguiente pregunta. El silencio bastaba.

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Manuel Bustos, el legendario dirigente sindical cristiano que vivió años de exilio y prisión política a manos del régimen, sostuvo hasta su muerte que, de no ser por el PC y su “trabajo militar de masas”, la dictadura podría haber sido derrotada el mismo año 1983. Créase o no la afirmación de Bustos, el daño que produjo tanto el FPMR como la radicalización comunista es difícilmente soslayable. Aunque podrían esgrimirse argumentos provenientes incluso de la tradición cristiana para afirmar la legitimidad de la violencia armada contra la dictadura, lo cierto es que una evaluación moral reposada de los acontecimientos debe necesariamente incorporar un juicio sobre la proporcionalidad de las acciones, las tácticas y los resultados que cabía esperar de ella. (En todo caso, a diferencia de lo que suele creerse, la primera cuestión está también lejos de quedar zanjada. La elaboración tomista sobre la tiranía y la resistencia es bastante más compleja que solamente autorizar la violencia en el contexto de una opresión injusta.) Una cosa es comprender el sentimiento de quien desea ajusticiar a un tirano; incluso creer que, en justicia, dicho tirano y sus esbirros deben morir. No será fácil convencer a quienes consideramos que la vida humana es sagrada, incluso la de los peores criminales —cuestión que la izquierda, y desde luego también la derecha, olvida y torna a olvidar—, pero allí hay un argumento. Otro muy diferente, y esto lo sabía perfectamente Santo Tomás de Aquino, es creer que de ello se desprende inmediatamente la oportunidad de un atentado, o de la violencia como instrumento de una estrategia política. En el caso del atentado a Pinochet, más que el hecho en sí mismo, es el contexto que lo rodeaba lo que arroja severas dudas sobre su pertinencia.

Analizar la legitimidad del atentado únicamente por el hecho mismo de la emboscada sería, en rigor, infantilizar al PC y a los rodriguistas. No eran víctimas del régimen que en un arrebato de rabia y venganza dispararon contra la comitiva del dictador. Eran militantes políticos que obedecían a una estructura disciplinada y jerárquicamente organizada, cuyas acciones formaban, además, parte de una minuciosa planificación estratégica de orden general que presuponía un diagnóstico de la situación, vías alternativas y pasos a seguir dependiendo del escenario que se conformase. Lo que debe evaluarse críticamente es en qué medida la acción —el atentado— resultaba pertinente de acuerdo con los criterios arguidos por la propia organización, y hasta qué punto dichos criterios mantenían una razonable correspondencia con la realidad. En este sentido, hay elementos de juicio suficientes para afirmar que la estrategia comunista era de un voluntarismo absolutamente insensato, que sacrificó muchas vidas humanas en función de una utopía implausible y que, visto lo visto, queda —con el debido respeto a la memoria de los caídos— mucho más cerca de la pantomima que del heroísmo. El análisis y la teoría del cambio sobre la cual se basaba el atentado era, además de impopular, irreal. El “levantamiento o sublevación de masas que involucre a toda la población, a la mayor parte de las fuerzas políticas y sociales y ojalá también parte de las Fuerzas Armadas” nunca podría ocurrir.

La política militar del PC, desde luego, no tenía posibilidad alguna de tener éxito, fuera de reeditar el mito de 1973 sobre una conjetural división de las Fuerzas Armadas que permitiese el tránsito de las masas hacia la “democracia popular”. Pero, además, era sumamente impopular. La insistente reivindicación del “pueblo” ensayada por los comunistas era ficticia. Toda la evidencia disponible, hoy como ayer, apunta a que los métodos de acción directa y la violencia popular de masas eran —de acuerdo con la evidencia disponible— rechazados por una mayoría impresionante de la población, con mayor fuerza incluso entre los sectores populares. Una encuesta de SUR, grupo vinculado a los sectores socialistas de la oposición, mostró en 1985 algunas tendencias importantes para comprender el cuadro de situación. Entre otros resultados algo increíbles para el observador actual, un 39% de los pobladores de Santiago consideraba que Chile necesitaba —textualmente— “un gobierno de la Democracia Cristiana sola”. Solamente un 6% apostaba por un gobierno de izquierda sin la DC; más del triple (21%) optaba por prolongar el régimen militar o bien tener un gobierno solamente de derecha. Más: apenas un 16% de los encuestados se mostraba “de acuerdo” o “muy de acuerdo” con las protestas populares, cifra que disminuía al 3% cuando se consultaba acerca de formas de acción directa, como los apagones de luz. La mitología combativa de las poblaciones capitalinas se limita, en rigor, a una parte de los jóvenes, pequeños grupos de militantes o acciones desesperadas en contextos de represión aguda. (Estas últimas, de todas formas, no eran en absoluto infrecuentes por aquellos años, y las bases democratacristianas también participaban activamente de ellas.)

Una anécdota contribuye a ilustrar el punto. Burotto cuenta en Los muchachos de antes —magistral libro testimonial sobre el movimiento estudiantil de la Universidad de Chile en dictadura— que, al reunirse con los integrantes de la mesa nacional del PDC para conseguir la autorización que les permitiese pactar una lista de unidad con los comunistas en la FECH, una de las negativas más rotundas vino por parte de Ricardo Astudillo, representante de los pobladores democratacristianos. Al parecer, para Astudillo resultaba ofensivo que los privilegiados universitarios osaran plantear la connivencia del partido con aquellos que buscaban convertir su población, sus hogares, en un campo de batalla. Solidaridad, la organización poblacional afín a la DC, se oponía firmemente a los métodos violentos por cuanto consideraba que ello alentaba la represión, y una escalada de violencia —nada simbólica, nuevamente— en la que los más perjudicados serían siempre los pobladores. Ello los llevó a retirarse tempranamente del proceso de conformación del Comando Único de Pobladores (CUP) en 1986, que de todas formas terminaría fracturado por luchas de poder entre distintos grupos de la izquierda radical.

Después de todo, como han reconocido desde entonces muchos historiadores de izquierda, la lucha armada no había formado nunca parte relevante de la ecuación política en Chile. Que un partido político estuviera distribuyendo armamento de guerra entre sus militantes, muchos de ellos menores de edad, era algo completamente exótico y no eran pocos quienes temían a las milicias tanto como a los propios militares. (“Ni milicos ni milicias” rezaba por entonces un famoso lema de la Juventud Demócrata Cristiana.) ¿Que los principales responsables eran el dictador y el séquito de criminales obsecuentes que había enquistado en el poder? Pocos lo dudaban, excluyendo a los pinochetistas más fanáticos. Pero la discusión sobre las formas de lucha no era una disquisición meramente procedimental. Era, en el fondo, un debate en torno al tipo de política democrática que debía emerger cuando la dictadura llegara a su fin. Como la propia historia del mundo ha demostrado una y otra vez, la violencia armada es mucho más fácil de comenzar que de detener, con todo el sufrimiento humano que su continuidad acarrea. Para mi generación, que, salvando algunas excepciones, conoce la peor violencia política en forma de bombas molotov, apaleos o piromanía ocasional —o, más recientemente en el tiempo, pronombres mal utilizados o papeles pegados con scotch en una oficina—, una discusión de esta naturaleza es inexorablemente abstracta. Para quienes deseaban entonces vivir en paz luego de años de barbarie y represión, no.

La literatura de izquierda ha tendido a responsabilizar a los “partidos de centro” —el PDC y sus satélites de la Alianza Democrática primero, el socialismo renovado después— por el giro hacia la política electoral y de negociación, que en los hechos implicó dar pie atrás en los objetivos estratégicos de 1983 y legitimar el terreno jurídico-político dispuesto por la dictadura. Así lo reconoció el propio Patricio Aylwin. Sin embargo, presa de su rígida dialéctica conductista, esta izquierda no advierte lo que para la mayoría de sus propios correligionarios fue, en su minuto, evidente: el “giro al centro”, así entendido, era una demanda abrumadoramente mayoritaria en una población que, ante la amenaza de caer en una situación como la que vivían por esos años Colombia y Perú —no Gabón ni Birmania—, prácticamente al unísono exigía el fin de las aventuras paramilitares. Hacer abstracción de la mayoría social que declamaba aquello es totalmente insensato, puesto que el apoyo de las masas era una condición de posibilidad necesaria para el éxito de la estrategia, incluso bajo sus propios términos. ¿Cuál era la alternativa que, a estas alturas, propugnaba la oposición “insurreccionalista” encabezada por el PC? Luchar hasta el final, sea lo que ello significara. Independientemente de las intenciones, el vacío estratégico de la izquierda radical ante la realidad de su aislamiento social y político fue total.

Quizás es posible que, como afirma con pesar uno de los rodriguistas entrevistados por Viviana Bravo, la implementación de la política militar haya llegado tarde y en 1986 no existían ya las condiciones objetivas para llevar a cabo algo así como la “sublevación nacional”. La economía estaba en franca recuperación y las fuerzas sociales activas arrastraban el desgaste de los años anteriores, a la vez que la proximidad del itinerario fijado por la Constitución presionaba a los opositores y el inicio de la perestroika signaba un escenario global crecientemente desfavorable a las aspiraciones revolucionarias de cualquiera. Pero, al mismo tiempo, resulta difícil imaginar cómo una acumulación de fuerzas comparable podría haber tenido lugar antes del estallido de 1983, dada la situación bajo la cual se encontraba entonces la oposición. El círculo es imposible de cuadrar. La izquierda fue derrotada en un partido que jugó con escasas posibilidades desde un comienzo. La integración en el itinerario pinochetista, lejos de ser cómoda para nadie, fue la expresión de aquella derrota: no existía fuerza suficiente para una ruptura democrática, ni por medio de las armas ni por medio de la desobediencia civil y la movilización social pacífica. Los militares se mantuvieron firmes, inamovibles. La oposición se vio enfrentada a la “modesta y molesta batalla” del plebiscito, como refiere Rafael Otano, a la cual se otorgó después una épica que nunca terminó de cerrar. No todo lo que se hizo en años previos terminó siendo en vano, desde luego. Pero una parte sí. Decirlo es doloroso como hincar la uña sobre una herida mal cicatrizada, pero es, cuatro décadas después, indispensable.

La vía armada, la política militar del Partido Comunista, fue una locura y un desastre. Fracasó estrepitosamente y no queda claro en absoluto cómo exactamente podría haber triunfado. Nunca tuvo apoyo popular significativo más allá del entorno de ciertos grupos militantes. Condujo a la oposición a una lucha fratricida que mermó significativamente su capacidad de aislar al régimen. Legitimó, al menos en parte, la represión pinochetista ante los ojos del mundo y ante una buena parte del país, que —afectada por la incesante propaganda, pero no sin algo de razón— veía en la insurgencia comunista una amenaza equivalente. El muro todavía no había caído: Santiago podía ser Managua, pero, siguiendo este relato, bien podía ser también Praga, Budapest o el VRAEM. Produjo centenares de muertes trágicamente innecesarias de militantes jóvenes, víctimas de la dictadura y también de una dirección política irresponsable cuya febril imaginación había trazado una línea directa entre las acciones de propaganda armada y el derrocamiento del régimen. No son pocos los que, sin el entrenamiento militar adecuado, sufrieron una muerte prematura y espantosa al manipular explosivos y armamento ilegal que excedía sus capacidades objetivas de control. Muertes respecto de las cuales, por supuesto, nadie asumió la responsabilidad política, y la verdad se escurre apenas en testimonios sueltos, perecederos, orales o escritos. Y sin embargo…

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La vía armada, la política militar del Partido Comunista, fue una locura y un desastre. Pero el juicio del tiempo no parece inclinarse en esa dirección. Como puede verificarse por estos días, una proporción creciente y muy significativa —casi con toda seguridad una mayoría— de las bases sociales de izquierda mantienen una explícita nostalgia y admiración por la “tarea militar” y el FPMR. La versión de la historia propagada por el PC y el MIR, según la cual una heroica resistencia popular contra el dictador fue traicionada por las élites políticas, empapadas de neoliberalismo y ansiosas de capturar el aparato del Estado para volverlo contra sus otrora incómodos compañeros de viaje, parece haber ganado el día dentro de la izquierda chilena. De ello da cuenta el auge electoral —y de influencia— sostenido de los comunistas, así como la emergencia del Frente Amplio como la primera fuerza entre las organizaciones del centro hacia la izquierda. Mientras tanto, los partidos políticos que en otro tiempo expresaron la posición mayoritaria de la izquierda y de la población chilena respecto de la transición democrática, se encuentran jibarizados, a la deriva y atraídos por el sorprendente vigor de tradiciones rivales. La última candidata presidencial unitaria desde el PDC hasta el Partido Igualdad, Jeannette Jara, proviene del tronco principal comunista que se quedó junto a Gladys Marín en 1991 y 2003, cuando sus coetáneos en la dirigencia estudiantil fueron expulsados o renunciaron en masa con críticas al dirigismo leninista. Es evidente que hay una interpretación particular de la historia que se ha impuesto, y que hay certezas que se han olvidado o bien han perdido la eficacia que solían tener. Una de ellas, quiero decir, es el rechazo —no solamente político sino cultural, moral, visceral— a la violencia política en sus formas más elementales. Otra, directamente asociada con la anterior, es el contexto y las condiciones específicas bajo las cuales operó la lucha armada y la política militar que llegó a su clímax en 1986. No eludiré la elaboración causal entre ambas variables. Creo que la segunda es, al menos en parte, un resultado de la primera.

Sería fácil responder ensayando un discurso acerca de la relativización de la violencia política y la pérdida de reconocimiento en la valoración intrínseca de la democracia representativa. Un síntoma de “iliberalismo”, como está a la moda decir por estos días; uno de los “atractores posdemocráticos” que identifican Aldo Mascareño y Juan Rozas desde la teoría de sistemas. Desde la derecha, alguna voz insistente agregará que el Frente Amplio y el PC mantienen ambigüedades en su relación con la violencia insurreccional, y mencionará nuevamente el estallido social como ejemplo. La izquierda dirá que estamos viviendo la década de 1930 repetida como farsa, y no olvidará citar la relativización de los derechos humanos que ha ido abriéndose terreno desde el flanco derecho del sistema. Creo que la respuesta es más compleja. Para empezar, no puede escapar a la presente consideración que se trata de un fenómeno en apariencia transversal: tal como en la izquierda ha operado una cierta revalorización mitológica de la violencia, el desenfadado revival pinochetista en la derecha —que hoy, nada menos, tiene en La Moneda a uno de sus más destacados exponentes— parece dar cuenta de una tendencia general. Estructural, podríamos decir no sin cierto arrojo. Cuarenta años después de la acción militar de mayor envergadura jamás realizada por un partido político en Chile, 36 después del retorno a la democracia y 32 después de la desactivación fáctica de la última organización relevante abiertamente dedicada a la violencia política —el Movimiento Juvenil Lautaro—, algo más profundo, más molecular y más rígido, parece haberse roto.

Hay en todo esto varias paradojas. Una de ellas, que el lector atento ya habrá advertido, es que la revalorización de la violencia política coincide con la trivialización del concepto. Por una parte, son cada vez más quienes observan en Raúl Pellegrín —o figuras equivalentes en la derecha— un ejemplo a seguir, y tienen cada vez más espacio en la esfera pública. Por otra, parecen ser los mismos quienes utilizan una noción crecientemente expansiva de la violencia como concepto, clasificando dentro de ella hechos difícilmente comparables al terrorismo insurgente o al terrorismo de Estado, y ensayando golpeados alegatos sobre el carácter intrínsecamente violento de sus adversarios políticos, como si al enarbolar semejantes epítetos tuvieran en sus manos una carta ganadora, inapelable, frente a la opinión pública que habrá de elegir posteriormente entre uno u otro. Creemos ver violencia en todas partes a la vez que observamos con indulgencia creciente la historia de la violencia real. ¿Cómo explicar esto?

Las explicaciones psicoanalíticas nunca han sido mi fuerte, y hasta hace algún tiempo solía despreciarlas como quien descarta un método alquímico. Pero creo que hay en ellas algo que otras matrices de pensamiento no logran escrutar. La violencia, hemos dicho, forma parte de la política más incluso de lo que forma parte de la propia experiencia humana. La democracia de masas, al igual que decía Marx respecto del capital, vino al mundo chorreando sangre y lodo por todos los poros. Quienes hoy podemos hacer algo tan banal —pero a la vez importante— como votar para elegir a nuestras autoridades somos hijos e hijas de las guerras internas y externas, de alta y baja intensidad, que caracterizaron a la política occidental hasta mediados del siglo anterior. No es propio de mí darle la razón a Steven Pinker, pero su tesis me parece, en muchos sentidos, incontrovertible: hay en los consensos normativos actuales, cristalizados en nuestras instituciones políticas, sociales y culturales, una relación con la violencia que dista del pasado, y que en más de algún sentido relevante es cualitativamente superior. Hoy un joven de izquierda o derecha, deseoso de militar e involucrarse políticamente, no piensa en tomar las armas. O quizás lo hace, pero de todas formas no ocurre. Parece una cosa del pasado, tanto como los carruajes, los tranvías o las elecciones estudiantiles donde la lista más votada supera a la abstención. Y todo esto ha sucedido —como tantas cosas en la era del vacío— relativamente rápido.

Nuestra relación con la violencia política es incómoda y contradictoria porque no hemos logrado ajustar nuestras disposiciones a esta metamorfosis. El proceso de marginalización de la violencia política que ha operado durante el último siglo en el hemisferio occidental ha sido verdaderamente asombroso; la magnitud de la represión pulsional involucrada ha de ser enorme. El retorno de lo reprimido, las formaciones sustitutivas, habrán de adquirir una fisonomía particular que no ha conocido nuestra civilización hasta el momento, y que comienza a escurrirse entre las grietas de nuestra democracia y nuestra convivencia. No de la misma forma, pero con alguna reminiscencia de ella; la que tengamos disponible. Así, el sentido de la paradoja termina por descubrirse: hemos aprendido con sangre los males de la violencia política, pero no nos hemos acostumbrado a vivir sin ella. Es una suerte de síndrome del miembro fantasma: pensamos que la extremidad amputada todavía está allí, la sentimos, la nombramos, pero no hace nada porque de hecho ya no está. La violencia política ya no es una posibilidad a la mano, pero no concebimos que realmente no lo sea. Por eso una generación que no la conoce sino a través de recuerdos prestados e ideaciones abstractas insiste en banalizarla, para bien o para mal. Por eso nos asomamos a moderar la historia y a radicalizar el presente. Por eso también —paradoja de segundo orden— los chilenos contestan en cada encuesta que rechazan terminantemente la violencia, pero insisten en justificarla crecientemente para determinados fines pasados o actuales.

Una segunda paradoja se desprende de la anterior. La revalorización y la nostalgia de la violencia política coinciden con un momento histórico en el cual ella ha prácticamente desaparecido. Podría apostar a que prácticamente ninguno de quienes celebran —en actos políticos y en redes sociales— la “gesta” del FPMR y la legitimidad de la lucha armada ha empuñado un arma en su vida. ¿Qué entrenamiento tendrán los integrantes de la “base Raúl Pellegrín” y la “base Cecilia Magni” de las Juventudes Comunistas en la Universidad Católica? Difícilmente sabrían defender su propia vida con una punto treinta si de ello dependiera. Yo, por cierto, tampoco sabría, y no estoy seguro de qué siento al respecto porque la convicción siempre esconde algo de cobardía e ineptitud. Creo que la respuesta, ya esbozada en el párrafo anterior, obliga también a volver la mirada nuevamente sobre los motivos de la desactivación que hemos visto. Las generaciones que conocieron la violencia política de masas quedaron simplemente hartas de ella, no vieron en ella sentido alguno, y no estuvieron dispuestas a arriesgar las conquistas que trajo la creciente prosperidad en la mayoría de sus respectivas sociedades. Se retiraron a la vida privada, como dice Mazower respecto de los europeos de la segunda posguerra, y —aunque sin despreocuparse del todo— dejaron de ver la política como una actividad urgente en la cual podía írseles la vida, porque de hecho muchas veces se les había ido. Como suele ocurrirle al ser humano, este cambio fue más fruto de una práctica inconsciente, de una “actitud natural”, que de una reflexión consciente, por mucho que la literatura haya registrado más de algún titubeo al respecto.

La vejez confortable que ha tenido el FPMR dentro de la izquierda chilena obedece, creo yo, a la constatación de un vacío que la política contemporánea —el ser humano de la modernidad tardía— no ha logrado llenar adecuadamente todavía. Las nuevas generaciones saben que existe algo así como la violencia política, y que ella juega un rol en la distribución del poder dentro de cada sociedad, pero han estado escasamente expuestas a ella y no la consideran en su repertorio militante del día a día. La “introyección del sacrificio” que identifican Adorno y Horkheimer existe para ellos —para nosotros— como espíritu coagulado. Si los chilenos de las generaciones anteriores quisieron rechazar la violencia política, los de la generación actual tienen que hacerlo, podría decir Weber. He ahí el vacío. La inexistencia de alternativas, la perspectiva de siglos de aburrimiento de la que escribe Fukuyama, es el motor de todo tipo de experimentaciones, que por el momento y por fortuna suceden preferentemente en los ámbitos del discurso. La idea de que alguna vez existió una alternativa resulta demasiado seductora como para resistirse. La imagen romántica de Pellegrín y Magni en el retén de Los Queñes es mucho más ardiente que la gélida realidad de su demencial planificación estratégica y el enorme daño que causaron. La suposición escasamente trabajada según la cual la explosión de los cohetes Law podría haber precipitado el advenimiento de un futuro esplendor resulta, con los ojos de hoy, sencillamente irresistible. Pero es un espejismo: la romantización actual de la violencia política supone y procede, en gran medida, del olvido acerca de la crudeza de su realidad.

Esta nostalgia de las alternativas fue, sin lugar a dudas, alentada por la inercia de ciertos dispositivos culturales que fueron ganando terreno ante las insuficiencias de la transición. Suele criticársele a la Concertación que no fue capaz de disponer las condiciones para su propia supervivencia: se durmió en los laureles, no se renovó, se moderó, se desancló, se burocratizó y le creció el Frente Amplio. Y el PC. “Si era tan buena, ¿por qué se murió?”. La épica en torno a la cual se construyó inicialmente la Concertación resultó ser tan perecible y delgada que, ante su obsolescencia, ni siquiera algunos de sus portaestandartes originales terminaron por creer tanto en ella. La derrota que significó la transición inflingió una herida en la izquierda chilena que nunca cicatrizó del todo, y aunque el éxito apabullante de la estrategia económica e institucional de la primera Concertación logró acallar las voces disidentes, la generación siguiente no encontró motivos de peso para mantener su lealtad al proyecto. La Democracia Cristiana, que interpretó como ninguna el sentimiento nacional de la transición —ni milicos ni milicias—, se encontró en la línea de fuego de la decadencia concertacionista. No deja de ser curioso que, como muestra un artículo de Patricio Navia y Rodrigo Osorio, gran parte de lo que entendemos como desanclaje de los partidos políticos se deba a la caída en la identificación subjetiva con el PDC: cerca de un 40% de los chilenos se identificaba con el partido en 1990, cifra que luego de tres décadas terminó por llegar al 2%. Los demás partidos se mantuvieron relativamente estables.

No cabe duda que la Concertación, junto a la DC, cayó por sus propias insuficiencias, errores y la descomposición interna de sus estructuras orgánicas, con la metástasis de las redes clientelares y los incentivos perversos del dinero estatal. Del comunitarismo y el humanismo cristiano, al final, quedaba muy poco. El desencanto llevó a una mayoría de chilenos, como a Nicanor Parra, a no creer ni en la vía pacífica ni en la vía violenta; a encogerse de hombros, y que les perdonaran la franqueza, pero no creían ni en la Vía Láctea. (La proporción de chilenos que se declaraban católicos cayó de 73% a 45% en apenas una década, según Latinobarómetro, y hasta el día de hoy no se ha recuperado.) Los discursos que habían sido marginalizados durante los años de la transición, los que reivindicaban la política militar y que veían en la Concertación una claudicación impura, una transacción inaceptable, una traición, se multiplicaron y ganaron fuerza. Se hicieron películas, documentales, se escribieron libros de historia, de sociología, novelas. Todos quienes nos aproximamos a la política durante las primeras décadas de este siglo, todavía en nuestra edad impresionable, los vimos. Y nos impresionamos. De una forma u otra, asumiendo o no lo medular del discurso revolucionario y la teoría marxista, creímos a pies juntillas —seguimos creyendo— que había que superar la política de la Concertación. Del otro lado, salvo excepciones, no parecía haber mucho más que viejos enojados, reformas ambiguas y jóvenes como nosotros, pero cuya prospectiva no era sino la de un cargo en la burocracia estatal.

Fue una batalla cultural bien librada por la izquierda radical, y mal librada por la Concertación. Qué duda cabe. Pero intentemos ver el fenómeno desde otro ángulo. Piénsese en un náufrago, abandonado en una isla desierta, que grita desesperadamente contra una formación rocosa, esperando desesperadamente que detrás de ella haya personas como él, que lo escuchen y salgan a su encuentro para afrontar en conjunto su predicamento. El náufrago grita lo mismo durante años. Un sonido gutural, informe, cuyo contenido es ambiguo y reconocible apenas en sus líneas gruesas. Durante los primeros años recibe de vuelta sólo el silencio. Al cabo de algún tiempo, sin embargo, el sonido comienza a reverberar: se percibe un eco, que se hace cada vez más fuerte. Más tarde, el eco transmuta en voces, y las voces en personas. De la formación rocosa comienzan a emerger multitudes, atraídas por el grito del náufrago, ya cansado, que muy pronto expira o queda incapacitado. Los demás, nuevos náufragos que habían recalado en la isla sin las precauciones de sus antecesores, están maravillados por el mensaje del primer náufrago y creen ver en él la clave para salir de ella. Así parece haber ocurrido con la izquierda radical de la transición —muy bien retratada en un texto de Luis Thielemann— y la emergencia de las nuevas izquierdas, en el Frente Amplio, el PC y sus nuevas bases sociales.

La Concertación no fue capaz de construir dispositivos culturales que fuesen capaces de afirmar su perspectiva de los hechos, de poner en valor la consolidación democrática y las transformaciones económicas y sociales que propició durante sus gobiernos. De dar cuenta de la impropiedad y del vacío en sus alternativas antes que la propia historia —repetida como farsa— se encargara de hacerlo. Creyó que este trabajo se daría por añadidura, que lo harían los jóvenes reclutados como masa de operación administrativa para las burocracias partidarias, o que el trauma de los años ‘80, de haber dejado atrás tanto una dictadura brutal como sus alternativas insurreccionales y totalitarias, se transmitiría efectivamente a las nuevas generaciones. Es obvio que no ocurrió. Pero, en línea con los argumentos previos, creo que hay en esto algo bastante más profundo que la incapacidad y la podredumbre de la centroizquierda tradicional, por mucho que ella haya existido. La Concertación no pudo construir aparatos culturales de reproducción; pero ¿podía realmente hacerlo? ¿No estaba su derrota, de alguna manera, inscrita en el carácter de su victoria? Las cosas podrían haber sido diferentes, mejores, de lo que fueron. La constatación de una determinación estructural no excusa las faltas. Pero me parece que la nostalgia de las alternativas, de la política de masas —incluyendo la violencia— y del conflicto abierto tenía, en algún momento, que volver por sus fueros. Los años de nuestra transición, experimentados en el resto del mundo como el final del comunismo y la “tercera ola de democratización”, fueron un momento demasiado excepcional en la historia contemporánea.

La caída de la Concertación y la trágica desaparición del partido de masas más grande de la historia de Chile —diría yo: quien no lo extraña no tiene corazón, quien lo quiere de vuelta no tiene cerebro— fueron también el resultado de la pérdida de eficacia en la represión pulsional que terminó por extraer la violencia del tablero político, junto a otras transformaciones estructurales directamente asociadas. Es, podríamos decir, un cansancio del cansancio. Si la Concertación representó la resignación de una mayoría popular frente a las antinomias de la violencia política y a las alternativas globales que parecían haberse revelado definitivamente como fantasías, el quiebre del sistema de partidos chileno durante la última década expresa el agotamiento de esa fuerza. La pérdida, el olvido. Por eso vuelven los íconos de la violencia: no enteros, no de la misma forma. No armados. Pero sus imágenes ya transmiten otra cosa.

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¿Qué sociedad es esta, qué política es esta, que no termina de resolver su relación pulsional con la violencia? La magnitud del problema obliga, nuevamente, a ampliar la mirada. Lo que ocurre en Chile no es puramente un epifenómeno, pero se enmarca en procesos de más largo alcance que incumben, cuanto menos, al conjunto de las democracias occidentales. Peter Mair decía en Gobernando el vacío, su maravilloso libro póstumo, que es muy extraño para la ciencia política encontrar tendencias que se repliquen sistemáticamente en diferentes indicadores y en distintos países. Pero eso es precisamente lo que comenzó a ocurrir en torno al cambio de siglo: la desafección de las grandes masas respecto del sistema democrático, el desarraigo de los partidos políticos y el vaciamiento de las organizaciones representativas que hasta entonces habían estructurado el conflicto social. La participación electoral, la estabilidad de las lealtades políticas y las tasas de membresía en organizaciones de masas declinaron desde California hasta Auckland, y desde Reykjavik hasta Santiago. Algunos politólogos, siguiendo a Scott Mainwaring y Timothy Scully, suelen hablar de una “desinstitucionalización” de los sistemas de partidos.

Una de las variables del modelo de Mainwaring y Scully, que me interesa personalmente mucho y he aplicado en trabajos académicos, es lo que los autores denominan “raíces en la sociedad” (roots in society). Un sistema estará institucionalizado cuando las bases sociales perciban una identificación subjetiva con alguna de las alternativas institucionales en juego; cuando ellas formen parte de su vida y no sean meramente productos en una góndola. Los indicadores que miden aquello, aunque lógicamente más ambiguos desde el punto de vista epistemológico que las demás variables del modelo, exhiben una caída igualmente simétrica. La política se convirtió, como la cultura en el ensayo de Vargas Llosa, en “un fantasma inaprensible, multitudinario y traslaticio”. El retiro hacia la vida privada que habían identificado Mazower y Tony Judt en la posguerra sufrió una nueva vuelta de tuerca. La política se separó de las masas tanto como ellas de la política, que pasó a ser objeto de burocracias y tecnocracias centradas en legitimarse a través del veredicto popular ejercido a intervalos regulares en las urnas. Las grandes concentraciones de masas, tanto como los partidos articuladores de la vida social y los enfrentamientos callejeros de grupos organizados que tenían como trasfondo discrepancias fundamentales acerca del modelo de sociedad a construir, fueron relegadas a nuestro pasado.

Pero los tiempos volvieron a cambiar, y florecieron los ensayos que en su introducción declamaban el fin del fin de la historia —dudo que hayan leído el texto del cual hacían mofa— y la reactivación del conflicto político de masas. En todo el mundo, Chile incluído, surgieron movimientos antipolíticos impugnando un sistema que juzgaban esclerótico, desigual y poco representativo. Estos movimientos tendieron a fundirse con los remanentes de la vieja izquierda radical y dieron origen a nuevas formaciones políticas que trazaron una estrategia para entrar en el sistema y “asaltar el cielo”, como declamaba Pablo Iglesias. Estos “populismos de izquierda”, sin embargo, también se estrellaron y abrieron paso a sus opuestos, cuyo auge preocupa hoy al mundo de la academia bienpensante que no logra —porque no puede— descifrar la clave de su éxito. Hasta aquí la interpretación histórica de Anton Jäger, en una excelente colección de ensayos que se publicó este año como libro. Su hipótesis central plantea que vivimos en un mundo donde la reactivación del conflicto político ha coincidido con la persistencia de la desinstitucionalización finisecular: a esto ha llamado “hiperpolítica”. Las redes sociales amplifican y dinamizan la pugna, pero aquello no parece llevar a ninguna parte. Los nuevos conductores pisan el acelerador con rabia, pero el auto no tiene combustible.

¿Qué significa esto para los argumentos de este ensayo? La represión pulsional perdió eficacia subjetiva, pero las estructuras institucionales que ella pudo construir en su época de auge continúan allí. Lo mismo ocurre con las disposiciones de todo orden que ellas hacen probables. Sabemos que hay algo dentro de nosotros que no cuaja, que nos falta. La existencia de partidos políticos de masas integrados en la vida social, bajo movilización permanente, es perfectamente separable de la violencia política desde un punto de vista analítico, pero históricamente no sé si lo es. Ambos fenómenos registran el aliento de una sociedad vertebrada en torno a la política, donde la participación individual en los asuntos públicos presupone la organización y, a su vez, la organización presupone la necesidad de tales individuos por asociarse con sus pares para defender de mejor forma sus intereses y reafirmar su identidad. Mientras haya masas que se involucren en construir y sostener un sistema, habrá vanguardias —y otras masas— que querrán rehacerlo sin esperar a recorrer los entresijos de la institucionalidad vigente. Pero en la nave Axioma —de la película Wall-E— ya no hay masas ni vanguardias. Puede haber conflicto social, incordios, pero sin la infraestructura para otorgarles agencia y una fisonomía consistente.

Mi esperanza, ya no tan secreta, es que sea posible reensamblar política y sociedad sin atizar otros monstruos. Creo que una manifestación callejera es un indicador de buena salud en cualquier democracia, pero deploro el desorden en el cual tantas veces suelen derivar. Confío en que adquirir una cierta identificación subjetiva con los liderazgos políticos permita superar nuestra actual crisis de representación, pero temo al sectarismo y al fanatismo parasocial. Asumo la necesidad de la política de establecer vínculos permanentes con segmentos de la sociedad organizada, pero repudio el clientelismo y el sinnúmero de efectos perniciosos que tiene. A diferencia de los sistémicos como Mascareño y Rozas, creo que la integración se produce mediante el conflicto y que, de hecho, el momento de mayor integración social y política de la historia de Chile son los mil días de la Unidad Popular, que a su vez parecen una resolución probable del desajuste social asociado al Estado de compromiso. La integración total puede traer males similares, quizás incluso peores, a los de la desintegración que hoy experimentamos. Estar conscientes de aquello es un primer paso.

Al final, el liberalismo vuelve todo mucho más fácil.

Se supone que uno debe cerrar los ensayos diciendo algo sobre las proyecciones futuras del objeto de estudio. Al respecto hay, creo, una tercera paradoja. La tolerancia de la violencia puede ir en aumento, pero eso no significa necesariamente que la posibilidad de su ejercicio siga la misma tendencia. Christopher Lasch decía que, mientras más tiempo pasa, las posibilidades de construir una alternativa al capitalismo se van estrechando; la memoria colectiva de formas de vida no capitalistas, que estaba todavía muy presente en eventos como la comuna de París, se desvanece a medida que los años avanzan y los sujetos introyectan —diría Freud— la dinámica del sistema. Creo que algo similar está en vías de ocurrir con la violencia política. Es una hipótesis fuerte. La violencia política, tal y como la conocimos durante el siglo anterior, difícilmente volverá, más allá de los ocasionales bandazos que irrumpen cada tanto. Los partidos políticos de masas no tendrán grupos de choque, en parte porque no habrá partidos políticos de masas y quienes busquen el choque lo encontrarán en actividades menos nobles. Ya no sabemos cómo ejercer sistemáticamente la violencia política y volver a aprenderlo significa demasiado tiempo, demasiado esfuerzo, además de lidiar con las cargas propias de la ilegalidad y la normatividad moral todavía predominante. Tendría que ocurrir una catástrofe natural o una crisis realmente profunda; un colapso social por simplificación como los que estudia Joseph Tainter.

La historia que sigue no será una época muy triste, como creía Fukuyama. Será más bien ansiosa, incómoda, confusa. Algo farsesca, más de lo habitual. Sin conflicto político de masas expresado en organizaciones fundamentalmente orientadas al ejercicio de la violencia, seremos arrastrados a lo que Ralf Dahrendorf —que algo sabía sobre estas cosas— llamaba “conflicto situacional”: explosiones aisladas de violencia como parches en una sábana, que dan cuenta de la propia desintegración más que de una dinámica estructural del sistema. La principal expresión de violencia política, si acaso cabe dentro de la definición aquí operativa, será el autoritarismo creciente de un Estado desesperado por asegurar el ejercicio de derechos individuales que no es capaz de garantizar por sí solo. Eso se le reclama, y se le reclamará, por parte de las tribus políticas en competencia por la atención mediática: mientras unos le exigirán estados de emergencia ilimitados para colocar militares —que ya no pelean guerras— en cada esquina, otros harán lo propio demandando una acción decidida en contra de las “noticias falsas” y los “discursos de odio”, todo lo cual redundará en una hipertrofia de su aparato represivo, fundido con alguno de los poderes tecnológicos de alcance global que tanto se le parecen. Quizás así, y no con linchacos, balas ni bombas, los grupos radicales de cada extremo terminarán canalizando sus aspiraciones antidemocráticas. En otro tiempo, aquello habría producido una reacción furibunda por parte de grupos organizados reclamando su autonomía en la base social. Pero ese tiempo ya pasó. Nuestro futuro se parecerá mucho más a las sillas flotantes de Axioma que al estado de naturaleza hobbesiano, aunque por momentos nos parezca lo contrario.

Esa es nuestra bendición, nuestra contradicción y nuestra tragedia.

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Hace un mes le comenté informalmente —por intermedio de una cerveza, como siempre— a un historiador más o menos conocido, que con toda seguridad sabe bastante más que yo del tema, sobre este ensayo que pensaba escribir. Creo que mi argumento le pareció razonablemente consistente y digno de llevar, aunque me advirtió una cosa. No podía olvidar que, hace apenas un lustro, todos habíamos visto escenas de violencia política popular que no palidecían frente a otros momentos de la historia. No era violencia política organizada, de vanguardia, tampoco paramilitar. Claro. Pero era violencia bastante real, y con una connotación política nada esotérica. Admito que no había pensado lo suficiente al respecto, aunque he leído con interés casi toda la literatura relevante sobre el estallido, y que dedicar más párrafos a reflexionar sobre la ETA o la tesis del vacío histórico en el grupo de Leipzig podría fácilmente parecer ocioso. En apariencia, el estallido supone un problema para algunas de mis hipótesis: si la violencia política ha desaparecido del escenario, y si su presencia en la sociedad no es más que pulsiones mal reprimidas que expresan un tipo de política de masas en extinción, entonces algo como el estallido nunca debió haber ocurrido. Deberíamos habernos quedado todos en nuestras casas, y nadie debió haber sufrido daño físico ni menos muerto a causa de las movilizaciones. Pienso que sería una interpretación injusta, obviamente también equivocada, pero posible. Lo suficiente como para situar desde allí la coda que presento a continuación.

Como en los meandros del inconsciente un recuerdo lleva al otro y una idea a su natural asociación, recordé un ensayo de Pablo Ortúzar que me dio mucho para pensar en aquel fin de primavera: Violencia, derechos humanos y la salvación de la república. Entre las muchas ideas valiosas —y ciertamente dignas de ser rescatadas— que expone allí Ortúzar, menciona la ineludible dimensión ritual y recursiva de la violencia observada en el estallido. Sin importar su origen, el desorden lleva a la violencia popular y ella a la represión, que a su vez incentiva el recrudecimiento de la violencia inicial y su justificación ante las masas. Arrojado hacia las calles, “el sujeto neoliberal siente el raro sabor de la comunidad”, experimentando “una eléctrica solidaridad frente al enemigo”. La integración se produce en el conflicto, no en el consenso.

Recuerdo que, en un arrebato de consumo irónico y genuina curiosidad intelectual, visité junto a dos amigos el museo del estallido social. Las colecciones en vitrina no llamaron tanto mi atención como el discurso de su improvisado guía —al parecer un veterano de los grupúsculos de izquierda revolucionaria que se opusieron frontalmente a la política de la transición—, quien no tardó en deleitarnos con su interpretación de los hechos y sus motivaciones para colaborar en el museo, que funcionaba entonces en un antiguo convento cerca de Quebrada de Macul. Según contaba, no le aproblemaba demasiado el hecho de que el estallido fuese “traicionado” por los partidos de izquierda y que la fuerza social allí expresada no haya terminado derivando en grandes transformaciones estructurales. Todo eso estaba dentro de lo esperable, decía. Lo que realmente le atormentaba era la falsificación de la memoria colectiva sobre lo que había significado realmente el estallido. Quienes participaron en él, una masa enorme, habían percibido una sensación de libertad hasta entonces extraña. Se habían visto las caras, habían luchado juntos, avistaron por un momento la luz que provenía del agujero en las cortinas grises del realismo capitalista. Pero esa experiencia era hoy reducida a pura anomia, violencia sin sentido y, en el peor de los casos, manipulación vil de gobiernos extranjeros. Lo peor era que la gente parecía estar asumiendo esa interpretación de sus propios actos. De allí el museo, claro.

El argumento más convincente que he escuchado sobre la quema del metro corresponde a Luis Thielemann: nunca he visto videos mostrando quién quemó el metro, pero tampoco he visto en ellos a personas intentando evitar que lo quemen. La quema del metro fue la apoteosis material de un estado de ánimo que comenzó a recorrer, y recorrió durante varias semanas, a todo un segmento de la población que se había mantenido previamente apático. El metro se quemó y la gente no salió a defender sus casas con chalecos reflectantes, como esperaba la derecha. Por el contrario, salió a las calles y una semana después dio lugar a la concentración —en términos absolutos— más grande en la historia de Chile. Y es que el estallido no fue una movilización social en sentido estricto. No fue preparado ni diseñado, aunque la naturaleza misantrópica de los hombres prácticos que aborrecen el vacío así lo pretende hoy. No fue, como las protestas estudiantiles, organizado como un recorrido que terminaba con nuestros dirigentes en una palestra, leyendo el pliego de reivindicaciones consensuado en los espacios representativos, mientras sujetábamos con orgullo los lienzos alusivos a nuestros lugares de estudio. Fue un acontecimiento especial, un desborde. Darle estructura habría negado su propio ser. Así he llegado a entenderlo, mal que pese a quienes intentamos conducir políticamente la realidad.

La violencia es una experiencia terrible. La guerra, interna o externa, regular o irregular, oligárquica o popular, fascista o comunista, especial o permanente, es de las cosas más espantosas que ha podido crear el ser humano. Debe ser evitada a toda costa. Pero —no dejemos que esta idea se confunda con un cliché— forma parte de nosotros. Vuelve a la superficie luego de no haber sido adecuadamente enterrada; quizás porque tampoco es posible hacerlo. Algo como el estallido jamás hubiera ocurrido en una sociedad políticamente integrada donde la violencia formara parte del repertorio habitual de acciones potencialmente asumibles por un grupo político organizado. El estallido fue, tal vez, un recordatorio mnemotécnico de la naturaleza histórica de la política; una demostración de que en nosotros vive algo que hemos reprimido, que expresamos de otras formas, por otros canales, pero que sigue allí. Y de que olvidarnos de eso, de sus lecciones, es la peor forma de tentar al destino.

En las páginas finales del colosal Anatomía de un instante —quizás el mejor libro de política jamás escrito en esta lengua—, Javier Cercas recuerda con emoción cuando, visitando a su padre en su lecho de muerte, comprendió finalmente de qué se trataba su apoyo cerrado a Adolfo Suárez, el franquista reconvertido que hizo las veces de Aylwin en la atribulada transición española. “¡Porque era como nosotros!”. Sin advertirlo, viví un momento similar con mi madre durante las protestas de 2019. Ella, la persona a quien más admiro en mi vida, debió viajar psicológicamente a su adolescencia durante aquella última semana de octubre. Uno de sus primeros recuerdos es el de su padre arrastrándose por el suelo de su casa, boca abajo, buscando proteger a su hermano de apenas meses mientras la geografía de Valparaíso amplificaba el zumbido de las balas. Creció y adquirió conciencia en un país donde las autoridades políticas vestían uniforme de combate, mantenían el orden a través del toque de queda y hacían de la intimidación pública el sucedáneo perfecto de la persuasión democrática. Donde el presidente era “capitán general”, se ufanaba de sus crímenes y podía arrastrar al país a la peor crisis económica de su historia sin tener que hacer cálculos sobre su desempeño en la elección siguiente. Aunque todo su entorno familiar era de oposición, el miedo los consumía y paralizaba la mayor parte del tiempo. Participó como estudiante en las protestas y la campaña del No, en 1988. Según me relató alguna vez mientras veía mi obsesión con la historia del movimiento estudiantil, no se animó a militar por una contradicción vital propia de la época: aunque su identidad católica la colocaba en la órbita de la Democracia Cristiana, no le convencía seguir el camino de su padre; la izquierda, por su parte, permanecía anclada discursivamente en “todas las formas de lucha”, lo que chocaba con su firme convicción de que el plebiscito era el mejor camino para reconquistar la democracia. Luego se cambió de carrera, la política avanzó por otro cauce y la vida fue otra.

“Tú no quieres vivir tu juventud bajo una dictadura”. Lo escribo y vuelvo a escuchar el timbre de su voz. Cada vez que los manifestantes gritaban “que se vayan todos”, decía, ella se aterraba. Que se vayan todos significa que vuelven los militares. Para su generación, me explica, la contradicción fundamental es entre la democracia y la dictadura; el orden como fundamento de la libertad o el orden a cualquier precio. Si no podemos tener una democracia, vamos a tener una dictadura. Y si esto sigue, si el transporte público sigue paralizado, si las calles permanecen intransitables, si las llamas consumen más iglesias, tiendas, paraderos, semáforos y personas, tendrán que volver ellos. Y yo no quiero eso, como ella tampoco lo quiere, pero ella sabe que no lo quiere. Yo no lo sé porque no lo he vivido. Todavía. Como en el ensayo de Ortúzar, las balas que mis compañeros de marcha anhelan devolver, en realidad, todavía no han emprendido el camino de ida y la sola posibilidad de que lo hagan equivale al terror. Esa tarde, si mal no recuerdo, asistí de todas formas a la plaza Baquedano. Pero a los pocos días los antidisturbios comenzaron a apuntar al rostro y dejé de ir. No me pude sacar de la cabeza esa advertencia, como no he podido hacerlo hasta hoy. Mientras la ciudad literalmente ardía, mi desesperación por contribuir a una salida política iba en aumento. Recuerdo con la claridad propia de los grandes momentos históricos cuando Sebastián Piñera y Gonzalo Blumel comparecieron en la noche del 12 de noviembre. Los helicópteros pasaban por encima de la casa de una amiga, donde nos habíamos reunido, mientras suponíamos que el gobierno decretaría estado de sitio: el acabóse. Gracias a Dios, no ocurrió. A los tres días se firmó el acuerdo que dio luz verde al proceso constituyente, repudiado en un comienzo por las vanguardias de la movilización. Mi rol y el de mis amigos fue bregar para defenderlo, una extraña contraépica, allí donde nos competía hacerlo. Llegó diciembre, luego enero, febrero y la pandemia. Desde entonces ocurrieron muchas cosas, pero no una dictadura. Todo lo demás me sigue pareciendo menos importante.

La relación con mi madre, aunque implícitamente, se fortaleció si aún cabía. Nuestros caminos, políticamente hablando, han tendido a converger. Fuimos felices a aprobar y luego decepcionados a rechazar. Desconfiamos profundamente de Jara y reprobamos visceralmente a Kast. Mi creciente afición por la historia me llevó a repasar una y otra vez los hechos que ella vivió en primera fila, como los que he relatado aquí. La veo, pienso, no me animo a decirle nada. Silencio. No sé si quiero hacerlo ni tampoco sé si a ella le entusiasmaría tanto la idea. Salvo excepciones puntuales, prefiere no hablar de esos años más que para recordarnos el dolor que le produce. La veo, pienso. Ella vivió algo que mi generación no ha vivido y quizás nunca lo hará, mal que les pese a algunos. Su memoria guarda el peso de una historia que habla en sordina. La veo, pienso: yo no tenía tanta razón y ella no estaba tan equivocada. Mi única ventaja sobre Cercas es que mi madre aún vive para leer esto y saber que yo no soy mejor que ella, y que ya no voy a serlo. Su generación tiene todavía demasiado que enseñarnos, más de lo que ellos mismos quisieran, y admito que me abruma la posibilidad de que hayamos asimilado lo importante mientras perdemos lo fundamental. Que las cosas por sabidas se callan y por calladas se olvidan. Que algo de cierto había en la metáfora de Verdugo y Hertz, aunque no exactamente lo que ellas querrían suponer. Que la democracia es una práctica, no una norma ni un ideal. Que la concordia es, como me dijo alguna vez un viejo dirigente sindical, una planta que debemos regar todos los días. Que los triunfos de ayer pueden ser las derrotas de mañana. Que los seres humanos somos mucho más frágiles que las instituciones que nos hemos dado. Que hay un rigor de ajedrecistas y otro de ángeles. Que la historia avanza, sí, pero una parte de nosotros permanece inmóvil. Que estamos aquí, fijos, incómodos, humanos al fin. Humanos. Tú, yo, todos.

El resto es silencio.

Después de todo, todavía es 7 de septiembre de 1986.