La dramática situación que vivió este mes la ciudad autónoma española de Ceuta no puede ser calificada de otra forma que no sea una invasión. Estamos hablando de la llegada de decenas de miles de extranjeros en unas pocas horas a una ciudad de 80.000 habitantes, lo cual es no solo un evento profundamente disruptivo para la vida cotidiana de sus habitantes, sino también un ataque directo a la soberanía nacional debido a la violación flagrante de sus fronteras. Si a todo ello se suma la reiteración de estos episodios —siendo la Marcha Verde el más emblemático de ellos—, es que ya no hablamos solamente de una anécdota: es un intento constante de desestabilización de un país por parte de otro.

Y es que los flujos migratorios, sin perjuicio de la situación de la que algunos inmigrantes puedan estar escapando, pueden y son utilizados como una herramienta de presión política y diplomática para obtener distintos tipos de concesiones. Bien lo sabe España, que desde hace años se ha visto afectada por la flexibilización de los controles fronterizos por parte de Marruecos, ya sea durante la ocurrencia de crisis diplomáticas, por los acercamientos del país ibérico a Argelia o bien por su búsqueda de apoyos para la cuestión del Sáhara Occidental. Es el caso, también, de otros países europeos que se han visto afectados por políticas similares llevadas a cabo por Rusia y Bielorrusia.

Chile y la región no son ajenos a esta práctica. El chavismo en Venezuela no solo vio en la emigración de sus ciudadanos una forma de reducir la presión interna frente a su fracaso; el fenómeno se convirtió en un mecanismo mediante el cual el régimen podía beneficiarse de las remesas y generar tensiones sociales en los países receptores, particularmente con la llegada de personas con antecedentes criminales, además de la disrupción que genera la inmigración por sí sola debido a temas asociados a la convivencia y a las costumbres. La guinda del pastel en este caso fue la cooperación de Bolivia —país históricamente hostil con Chile y antiguo aliado político del chavismo—, quien ha permitido y facilitado de facto el tránsito de inmigrantes hacia Chile con una política de ingreso a su territorio más flexible. Desde luego, ha habido negligencia por parte de las autoridades chilenas en esta materia, pero su complejidad desborda por mucho nuestro campo de acción como para solo acotarlo a él. Por otra parte, si bien es un asunto que parece haber perdido urgencia debido a la caída del chavismo luego de la captura de Nicolás Maduro, no deja de ser un antecedente de esta práctica en la región donde uno de los principales afectados fue nuestro país.

La solución a este problema, por cierto, no es sencilla: hemos visto las no pocas dificultades que ha tenido el gobierno de José Antonio Kast para cumplir las promesas realizadas respecto a control fronterizo y deportaciones. No obstante, a partir de la situación actual, es posible y necesario establecer principios que permitan resguardar los intereses y la soberanía chilena, en desmedro de otros que durante más de una década han hegemonizado la discusión: la política de fronteras abiertas y la idea de que ningún ser humano es ilegal. El más elemental de ellos es, por cierto, que los países tienen el deber y la obligación de resguardar sus fronteras, no solo porque sea parte de las funciones públicas más básicas, sino porque de lo contrario el mismo concepto de Estado pierde sentido. En función de aquello se siguen cuestiones relacionadas a la seguridad nacional —a pesar de la mala reputación de la que goza el concepto durante este siglo— que guardan relación con la oportunidad de evitar la importación de delitos y de perseguir de forma efectiva a quienes los cometan para llevar a cabo el proceso de expulsión correspondiente.

Lo señalado no implica que todos los flujos migratorios sean necesariamente artificiales ni que los migrantes sean “armas” en sí mismos, pues muchos de ellos huyen de conflictos reales o buscan genuinamente una vida mejor; pero sí invita a adoptar un enfoque más realista en lo que respecta a nuestros intereses, sobre todo por el hecho de que estos se ven constantemente amenazados debido a las divisiones y a la existencia de vecinos hostiles.